Los consumidores, cada vez más informados y empoderados, alzan nuevamente la voz por los excesivos incrementos de precios que se han experimentado en el último tiempo, presionando a las autoridades locales, a que se hagan cargo de los problemas que enfrenta la ciudadanía convive día a día.
Primero fue la iniciativa de las farmacias populares, y ahora toma más fuerza la idea de poder contar desde los municipios con la venta y distribución minorista de Gas Licuado de Petróleo (GPL), el cual en los últimos diez meses ha tenido un incremento del 20% en su precio de venta al consumidor final, en consideración a que los márgenes anuales de los distribuidores mayoristas: Gasco, Abastible y Lipigas, han aumentado desde un 35% a un 50% – 55% aproximadamente, según un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
La iniciativa, que nace desde la municipalidad de Chiguayante en la región del Bío-Bío y que hoy suma 150 municipios a nivel nacional, surge tras la publicación a principios de octubre de un informe preliminar realizado por la FNE, en el cual indica expresamente que “el mercado del gas en Chile no está funcionando adecuadamente desde una perspectiva competitiva”. Lo anterior, debido a que las tres empresas que compiten en el sector mayorista hacen que el riesgo de coordinación entre competidores sea alto. Sin bien, no existe una acusación formal de colusión entre ellas, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas solicitó hace unos días a la FNE que presentara un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, para que se investigue y sancione.
El proyecto de gas popular que busca auxiliar el bolsillo de los consumidores, rebajando en cerca del 50% el valor del GLP que se debe pagar, no ha estado exento de polémica e inconvenientes que ponen en riesgo la implementación de esta medida. El lunes 29 de noviembre, la Contraloría General de la República emitió un dictamen en el cual asegura que, de implementarse, esta iniciativa sería inconstitucional, puesto que las municipalidades “podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado las autoriza, lo que no ha tenido lugar en la especie””.
Por otra parte, existen desafíos en los cuales los municipios deberán trabajar e invertir, posiblemente de manera conjunta, para hacer de este proyecto una solución sostenible en el tiempo para la ciudadanía, como por ejemplo, lograr ser reconocidos por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) como distribuidores locales minoristas, además de contar con la logística de almacenamiento y distribución necesaria de acuerdo a la superintendencia de Electricidad y Combustibles, y adquirir, ya sea en el mercado nacional, a través de los pequeños distribuidores locales, o en el mercado internacional, la cantidad de cilindros necesarios para poder entregar el gas.
Sin duda, un panorama poco alentador del funcionamiento y estructura de los mercados en Chile que nos lleva a pensar en qué otros sectores deberán ser intervenidos para frenar las alzas desmedidas e injustificadas de precios, para evitar que productos de primera necesidad se transformen en bienes de “lujo”.
Paulina Ceballos Garrido
