La recientemente nominada ministra de educación de la administración Trump en los Estados Unidos, la Sra. DeVos, es partidaria de un sistema de educación subvencionado, parecido al nuestro; lo cual es totalmente congruente con la orientación divisionista y elitista de la campaña de Trump. Quienes son adeptos al nuevo presidente defienden la subvención estatal porque supuestamente permitiría a las familias elegir el colegio que más les conviene sin mediar las dificultades para financiarlo. Lo tristemente célebre es que quienes son contrarios a Trump se valen de los malos resultados del “caso educación chilena” para plantear sus argumentos en contra de los “voucher Schools” (colegios particulares subvencionados). Nuestro sistema de financiamiento escolar es irónicamente reconocido como el sistema de subvención fracasado “más genuino del mundo”. El cual, dicho sea de paso, ha sido avalado por 27 años de gobiernos democráticos.
La mayoría de las críticas hacia la propuesta de DeVos apuntan a que la proliferación de los colegios subvencionados perjudicaría al sistema de educación pública y pondría en manos de operadores privados el dinero de los impuestos de los norteamericanos.
Pero el sistema de subvención escolar no es nuevo, y por supuesto que no es obra de chilenos. Sin ir más lejos, de los 53 países miembros de la OCDE, 25 tienen sistema de subvención escolar; y 9 de éstos se ubican en los primeros 20 lugares de los resultados de la prueba PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes). Una breve revisión bibliográfica me orientó para reivindicar el denostado sistema, y también para determinar por qué somos el mal ejemplo del orbe al aplicarlo.
El origen del sistema de subvención estatal se presenta como una forma de eliminar la brecha de la desigualdad de acceso a una educación de excelencia. En países tan súper desarrollados como Holanda, el 76% de los estudiantes accede a ella; en Suecia, alcanza el 100%. Es más, en Bélgica, Irlanda y Holanda, la posibilidad de elegir el colegio donde educar a los hijos es un derecho amparado por ley; lo que en otras palabras significa que el estado paga por la educación de un niño en el colegio que los padres escojan, es decir la versión más genuina y democrática de la libre elección.
El subvencionar a las familias para pagar el colegio de su elección parece ser la fórmula más amigable para tener acceso a colegios caros o aquellos de alto desempeño, ya que permite la co-existencia de distintos tipos de oferta educativa en un país. El error en Chile fue no legislar, en primer lugar, respecto de la idoneidad de los operadores educativos; y, en segundo lugar, otorgar irrestricta autonomía a dichos operadores para abrogarse el derecho de seleccionar a sus alumnos por credo religioso, situación marital de los padres, nacionalidad y por supuesto desempeño académico. Por esta razón el sistema se presta útil a los objetivos de la administración Trump, que pretende establecer claras diferencias entre ciudadanos e inmigrantes, y quizás también entre blancos y negros.
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