A lo largo de mi labor docente en la universidad, he conocido a numerosos estudiantes de gran talento que, en un contexto de financiamiento limitado, lograron acceder a la educación superior gracias al Crédito con Aval del Estado (CAE). Detrás de cada estudiante había historias de esfuerzo, sacrificio familiar y sueños de progreso que, sin este instrumento, probablemente habrían quedado postergados.
Por lo anterior, cuando hablamos del CAE, es importante recordar cuál es la génesis de esta política pública: una herramienta para apoyar a jóvenes que no contaban con los recursos necesarios para pagar sus estudios. En este contexto, fue una apuesta del gobierno de la época por el desarrollo de las personas y el aporte al desarrollo de Chile. De esta forma, el CAE permitió que muchas familias vieran por primera vez a uno de sus integrantes convertirse en profesional. Ese impacto es innegable y merece ser reconocido. Sin embargo, también es necesario entender que estos fondos debían mantener una lógica de sostenibilidad para que otras generaciones pudieran acceder a beneficios similares.
Hoy existe una contingente y legítima discusión sobre quienes no han podido cumplir con el pago de sus cuotas. Es evidente que hay casos donde las dificultades económicas, laborales o familiares han hecho muy complejo responder a esa obligación. Esa realidad no puede ignorarse y requiere que el Estado se haga cargo, mediante mecanismos y soluciones concretas. Asimismo, existe otra realidad que merece ser considerada: miles de personas hicieron esfuerzos importantes para cumplir con el compromiso adquirido. Ajustaron presupuestos familiares, postergaron gastos personales, y asumieron responsablemente una deuda que entendían como parte del acuerdo que les permitió estudiar.
Por eso, cuando se plantea una condonación generalizada surge una pregunta razonable: ¿qué señal se entrega a quienes sí cumplieron? Más allá de las legítimas diferencias de opinión, cualquier solución debe considerar también el valor de la responsabilidad y la confianza en las instituciones.
Las políticas públicas funcionan cuando existe un compromiso mutuo entre el Estado y los ciudadanos. Si el Estado apoya a una persona para que estudie, también es esperable que esa persona, una vez que tenga las condiciones para hacerlo, contribuya al cumplimiento de lo acordado. De lo contrario, se corre el riesgo de debilitar la confianza en futuros programas de apoyo y en la capacidad del país para sostener este tipo de iniciativas.
El camino no está ni en el cobro íntegro e inmediato ni en la condonación indiscriminada. El desafío es encontrar el mecanismo que permita cumplir con la normativa, pero considerando la realidad de quienes enfrentan dificultades reales para pagar, mediante facilidades, reprogramación y formulas flexibles como vía de solución.
La educación seguirá siendo una de las herramientas más poderosas para construir un mejor país. Precisamente por eso, debemos cuidar los instrumentos que permiten financiarla, resguardando tanto la solidaridad como la responsabilidad que hacen posible su continuidad en el tiempo.
Mauricio López Muñoz
