En octubre de 2019 se produce el estallido social en Chile, que convocó a millones de personas a movilizarse por un cambio trascendental que nos llevase a un pacto social sólido y con garantías y derechos consolidados en una nueva Carta Fundamental.
En materia tributaria, la Constitución de 1980, hoy vigente, establece algunos lineamientos básicos de un sistema tributario, en donde consigna que los impuestos deben nacer sólo al alero de una ley, de iniciativa presidencial, que no podrán ser desproporcionados o injustos y se garantiza la distribución o repartición de la carga tributaria en proporción a las rentas.
En el proyecto de nueva constitución, el artículo 198, del capítulo “de los tributos” establecía que “todas las personas y entidades deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, las tasas y las contribuciones que autorice la ley”. De esta manera se consagra el deber que tenemos todos los integrantes de la sociedad, de contribuir al gasto público para financiar servicios públicos esenciales como la educación, la salud, infraestructura, seguridad previsional y social, en virtud de una mejor calidad de vida y bienestar de la sociedad en su conjunto.
Luego del fallido intento de la nueva constitución, rechazada en el plebiscito de salida, se inicia un nuevo proceso donde, en materia tributaria, el Art. 16, Nº30 del nuevo proyecto establece “la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley y la igual repartición y proporcionalidad de las demás cargas públicas legales. La ley no podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos” (Anteproyecto de Constitución Política de la República de Chile). En resumen, copia fiel de lo que actualmente establece la constitución vigente de 1980.
Se ha preguntado usted alguna vez ¿cuál sería nuestra situación hoy en materia social, en igualdad, equidad, transparencia fiscal, o derechamente en educación, salud, vivienda, pensiones, seguridad, si todos tuviésemos conciencia tributaria, si relacionáramos el bienestar común con el deber, también común, de contribuir con el gasto público?
En los países desarrollados, el sentimiento de las personas frente a la obligación de pagar impuestos es diverso, pero generalmente está influenciado por la comprensión de la necesidad de financiar servicios públicos esenciales y la expectativa de un sistema fiscal justo, eficiente que se traduce en calidad de vida.
Sin embargo, las actitudes individuales pueden variar según factores como la cultura, la ideología política y la percepción de la equidad en el sistema fiscal, siendo este último aspecto un desafío constante últimamente en nuestro país.
En resumen, todos tenemos derechos fundamentales que son garantizados por una constitución política y que se funden con los deberes de cada uno. Otro gallo cantaría, si particularmente el pago de impuestos consciente fuese de la mano con la certeza del uso de los impuestos de manera eficiente, y la garantía de que el sistema fiscal es equitativo y ayudara realmente a reducir las desigualdades económicas.
Claudia Garcés Moraga
