Un gran revuelo ha causado en el país el denominado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico o TPP-11, aprobado por la cámara de diputados en abril y cuya tramitación en el Senado está programada para junio. El tratado, que involucra a 11 países de la zona Asia Pacífico, y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento económico y crear nuevas oportunidades para empresas, trabajadores, agricultores y consumidores (DIRECON, 2019), ha sido cuestionado por ser más bien un acuerdo proteccionista que brinda beneficios principalmente a las empresas multinacionales.
Como antecedente, el TPP-11 fue firmado en Santiago en marzo de 2018, por la entonces presidenta Michelle Bachelet, sin embargo, para su entrada en vigencia debe ser ratificado por el Congreso. El origen del acuerdo, antes denominado TPP, data de 2016 y contaba con la participación de Estados Unidos, sin embargo, a la llegada de Trump a la Casa Blanca, el presidente anunció su salida del pacto por no considerarlo justo y más bien un “potencial desastre” para el país norteamericano, naciendo así el actual TPP-11 conformado por: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
En general, el tratado visualiza potenciales beneficios para nuestro país: más de tres mil nuevos productos con rebajas o arancel cero; generación de empleo en torno a las actividades exportadoras (800 mil puestos de trabajo en la actualidad); obtención de insumos desde el extranjero cuyo procesamiento en el país permitirá el sello “Made in Chile”; hacer más expedita la internacionalización de las pymes en la zona del Asia-Pacífico; considera materias medioambientales, asuntos laborales y de género. (Direcon 2019). Sin embargo, el acuerdo también ha generado críticas por los potenciales costos que este puede provocar al país: limitación de soberanía del estado, no garantizar derechos laborales, no proteger derechos medioambientes, no favorecer a los pueblos originarios, impacto sobre el precio de medicamentos y privatización de las semillas, entre otros. Sin embargo, muchos de los puntos anteriores pueden ser denominados “mitos del acuerdo”, pues el tratado permite mantener la autonomía en temas de políticas públicas, en temas laborales garantiza los derechos establecidos por la OIT, otorga tratamiento arancelario preferente para mercancías artesanales tradicionales, no existe una disposición que permita un impacto en los precios de medicamentos, y en cuanto a las semillas Chile desde el año 1991 está sujeto al convenio UPOV91, por mencionar algunos.
Las divergencias anteriores hacen un llamado a informarnos, a discutir y a un análisis crítico, que permita enfocar nuestra atención en los reales costos que podría generar este acuerdo y buscar así avanzar en soluciones que lleven a nuestro país no solo al crecimiento sino también al desarrollo, considerando que muchas de las consecuencias del TPP-11 se verán en el largo plazo, y que los mitos también forman parte de la falta de información, la desconfianza y la incredulidad que existe en torno a quienes escogidos democráticamente, deben tomar hoy estas importantes decisiones que nos repercuten a todos.
Paulina Ceballos Garrido
