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Regulación del uso de la leña: Una disyuntiva intergeneracional

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Cada vez que llega el invierno, y con él las bajas temperaturas, un número significativo de hogares en el centro y sur de Chile se dispone a utilizar leña como fuente de calefacción. Lo anterior viene generalmente acompañado de pre-emergencias y emergencias ambientales, y de la subsecuente prohibición de actividad física en las escuelas y recintos abiertos, y en casos extremos, de la prohibición del uso de equipos a leña. Esta situación lleva a preguntarnos ¿Se debería regular el uso de leña en el periodo en que su uso es más necesario? Desafortunadamente, esta pregunta no tiene una respuesta trivial; las soluciones posibles no están exentas de costos para la sociedad. A continuación analizaremos los principales elementos de esta disyuntiva.
En primer lugar, las emisiones resultantes de la combustión de leña están fuertemente asociadas con la concentración de material particulado respirable en el ambiente (PM10 y PM2.5), el cual es responsable de la mayor incidencia de enfermedades cardiorespiratorias durante el invierno. La Organización Mundial de la Salud también ha hecho hincapié en que la exposición prolongada a estas partículas podría incrementar las tasas de mortalidad, a través del aumento de ciertos tipos de cáncer, y de un mayor porcentaje de niños con bajo peso al nacer. Debido a que los problemas asociados a la calidad del aire afectan a usuarios y no-usuarios de leña por igual, la contaminación del aire producto de la combustión de leña puede ser entendida como una “externalidad”, la cual debe ser internalizada a través de la regulación.
En segundo lugar, dicha externalidad impone costos no sólo a las generaciones actuales sino también a las futuras. Debido al uso intensivo de leña en el presente, las generaciones futuras podrían verse privadas de disfrutar de actividades al aire libre, pasear por los bosques nativos de donde hoy se extrae la leña, etc. Si supiéramos con certeza a quién debería entregarse el derecho de tener aire limpio, la regulación actual podría ser más o menos estricta en función de dicha titularidad. Sin embargo, ¿a quién endosamos esta responsabilidad cuando sabemos que la calidad del aire es un derecho indispensable para todos?
En tercer lugar, la externalidad impuesta por la combustión de leña se podría internalizar a través de la adopción de tecnologías limpias, donde la leña es reemplazada por la parafina, el gas o la electricidad. Si bien dichas tecnologías están disponibles, la transición hacia dichas fuentes es costosa. Por ejemplo, durante 2013, el costo por unidad de energía generada (CLP$/GJoules) usando parafina fue 4.5 veces superior al costo de usar leña; este ratio es aún mayor en el caso del gas y la electricidad. Por consiguiente, cualquier intento de forzar una transición no planificada afectaría en mayor medida a los hogares con menores recursos, generando aún más desigualdad.
Los argumentos anteriores entregan un mensaje: es necesario regular el uso de la leña, pero debe ser el resultado de un proceso guiado, que aúne los esfuerzos de los hogares, el gobierno y el sector privado. A la fecha se han hecho grandes avances, pero queda un largo camino por recorrer. Mientras esto sucede, abríguese con responsabilidad.

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