Uno de los proyectos más controversiales en materia laboral avanza en el Congreso: la eliminación del tope de 11 años para calcular la indemnización por años de servicio. Hoy, el Código del Trabajo limita el pago a un máximo de once meses, aun cuando el trabajador haya prestado servicios durante más años. La reforma busca suprimir este límite, permitiendo que se pague un mes de sueldo por cada año efectivamente trabajado, sin tope.
La propuesta fue aprobada por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados en julio de 2025. A juicio de sus partidarios, se trata de una medida de justicia básica: si un trabajador ha dedicado su vida a una empresa, debe recibir una compensación acorde al total de sus años de servicio, sin que el sistema lo penalice por superar una barrera. “Año trabajado, año pagado”, ha sido el lema que sintetiza la lógica del proyecto.
Desde el mundo sindical y académico, los argumentos a favor destacan que este cambio podría fortalecer la lealtad y permanencia en los puestos de trabajo, generar condiciones para relaciones laborales más estables y reconocer de forma concreta el aporte de los trabajadores de larga data. Estudios del Ministerio del Trabajo muestran que solo un 17% de los trabajadores supera los 11 años en la misma empresa, por lo que la reforma beneficiaría a una minoría, pero precisamente a la más comprometida con su lugar de trabajo.
También se apunta a que Chile arrastra un rezago normativo: el tope de 11 años que no se condice con los principios de protección al trabajo que orientan el derecho laboral contemporáneo.
No obstante, la iniciativa ha despertado fuertes críticas desde el sector empresarial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Según un estudio de Libertad y Desarrollo, Chile ya se ubica entre los países de la OCDE con mayores costos de despido: 43,3 semanas por 10 años de servicio, comparado con un promedio OCDE de 13,8 semanas. Eliminar el tope podría transformar a Chile en el país con el sistema de terminación más costoso del bloque, encareciendo la desvinculación laboral en hasta un 300%.
Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se ha advertido que un aumento en los costos de despido podría desincentivar la contratación formal, empujar la rotación prematura o fomentar el reemplazo de trabajadores antiguos por jóvenes con menor antigüedad. En un país donde la informalidad bordea el 28% y el desempleo supera el 8,5%, el riesgo no es menor. Para muchas pymes, una indemnización completa por 20 o más años es un gasto que simplemente no se puede asumir.
Este debate, más allá de lo técnico, plantea un dilema valórico y estratégico: ¿queremos un sistema laboral más protector o más flexible? ¿Es posible lograr ambos objetivos a la vez? Algunos plantean soluciones intermedias: topes variables según el tamaño de la empresa, seguros de cesantía complementarios o fórmulas híbridas que permitan compensar la antigüedad sin poner en jaque la continuidad del negocio.
El proyecto seguirá su camino legislativo, pero ya abrió una discusión de fondo sobre cómo equilibrar los derechos de los trabajadores con la sostenibilidad del empleo.
Francisco González Godoy
