El miércoles 22 de abril, el gobierno ingresó con suma urgencia a la Cámara de Diputados un proyecto de ley orientado a la reconstrucción y al desarrollo económico y social. Su objetivo declarado es ambicioso: aumentar la inversión, el empleo y el crecimiento, junto con contribuir a la reducción del déficit fiscal. Aunque estos fines resultan difíciles de cuestionar, la controversia surge a partir de los mecanismos propuestos para alcanzarlos.
Entre las distintas iniciativas, las de carácter tributario concentran la mayor parte del debate, en buena medida por su componente ideológico. En los extremos, un sector las califica como un verdadero despojo, mientras que para otro representan un pilar esencial de la justicia social. No es casual que en esta discusión se invoquen ejemplos internacionales: desde economías con baja carga tributaria y alto crecimiento, como Irlanda, hasta países nórdicos con elevados niveles de recaudación y amplios sistemas de bienestar robustos.
El proyecto contempla una rebaja de impuestos, incluyendo una reducción gradual del impuesto de primera categoría desde 27% a 23% (aplicable a empresas acogidas al régimen general), junto con cambios en el tratamiento de las ganancias de capital, medidas de alivio tributario en herencias y donaciones, y beneficios focalizados como la exención de contribuciones para adultos mayores sobre su primera vivienda. La justificación de estas iniciativas se vincula al bajo dinamismo de la economía chilena en la última década, fenómeno que algunos asocian, al menos en parte, al aumento de la carga tributaria tras la reforma de 2014, que elevó progresivamente la tasa corporativa de 20% hasta 27%.
Desde un punto de vista teórico, una menor carga tributaria sobre las empresas puede incentivar la inversión, lo que eventualmente se traduciría en mayor empleo y crecimiento. Sin embargo, la magnitud de estos efectos y su capacidad para compensar la menor recaudación fiscal resultan cuestionables. La evidencia empírica muestra que estos mecanismos rara vez se autofinancian completamente, especialmente en el corto plazo.
Las críticas al proyecto apuntan precisamente en esa dirección. En primer lugar, se cuestiona el diagnóstico: el menor crecimiento de Chile también se explica por factores como la desaceleración de la productividad y el fin del super ciclo del cobre hacia 2013. En segundo lugar, se advierte que las rebajas tributarias podrían agravar el déficit fiscal, tensionando el cumplimiento de la regla de balance estructural. Finalmente, se plantea que algunas medidas se alejan de principios clásicos de un buen sistema tributario, como la equidad y la amplitud de la base. En particular, la reducción del impuesto corporativo tiende a beneficiar en mayor medida a los dueños de capital, mientras que otras exenciones reducen el número de contribuyentes.
Una reducción acotada del impuesto de primera categoría puede ser razonable para estimular la inversión, pero implica menores ingresos fiscales en el corto plazo y exige compensaciones para resguardar la equidad. Bajo esa lógica, el proyecto resulta en parte contradictorio, al promover simultáneamente una rebaja tributaria y la necesidad de financiar un proceso de reconstrucción.
Claudio Candia Campano
