La descentralización ha sido una aspiración de largo alcance para las regiones, que progresivamente han buscado autonomía en la toma de decisiones en políticas públicas y gestión de recursos. Según estudios de Cáceres (2022) y Correa (2021), Chile ha experimentado cambios significativos en la descentralización política y administrativa en los últimos años, donde destaca la elección democrática de autoridades regionales como los consejeros regionales en 2014 y la introducción del gobernador regional como la máxima autoridad en 2021. Además, la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización (Ley 21.074) en 2018 propuso cambios estructurales en los gobiernos regionales, creando tres nuevas divisiones y fortaleciendo las competencias regionales para la elaboración y aplicación de políticas de desarrollo regional, así como la coordinación con servicios públicos y municipalidades locales. Se estableció también un protocolo para la transferencia de competencias entre el nivel central y el regional.
En este contexto, se inició un proceso de descentralización administrativa en materia de fomento productivo en tres regiones piloto en 2015: Antofagasta, Biobío y Los Ríos, a través de la creación de los primeros Comités de Desarrollo Productivo Regional (CDPR). Esto fue posible gracias a las atribuciones legales de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) para crear comités, con la misión de alcanzar un desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado en el país con el objetivo de transitar hacia una institucionalidad regional que promueva un desarrollo productivo más dinámico, inclusivo y sostenible. Este año, el Consejo Directivo de CORFO aprobó por unanimidad la creación de seis nuevos CDPR, incluyendo el de Ñuble. Con esto, 13 regiones contarán con un Comité compuesto idealmente por actores públicos, privados y académicos, con atribuciones para la gestión presupuestaria y la asignación de proyectos. Esta decisión se tomó a menos de un año después del inicio del funcionamiento de los CDPR en Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Los Lagos, que en ocho meses de trabajo apoyaron a 1.029 empresas con una inversión que supera los $7.300 millones (Fuente: Portal CORFO).
La creación de los CDPR implica cambios fundamentales en la asignación de recursos para el fomento productivo en el territorio. Las decisiones de inversión serán adoptadas regionalmente por agentes representativos de los grupos de interés locales, respondiendo a las directrices estratégicas del gobierno regional y coordinando con políticas nacionales de fomento productivo. Su función principal será promover y apoyar el desarrollo económico y productivo regional, mejorando las capacidades y oportunidades para emprendedores, empresas y redes productivas locales.
La experiencia piloto de los primeros tres CDPR ofrece lecciones valiosas. Según la evaluación de la CEPAL (Slachevsky y otros, 2023), el desempeño del Comité de Los Ríos destacó por haber sido conformado en una región nueva, con una fuerte identidad que superó las diferencias institucionales, lo que puede ofrecer un contexto relevante para Ñuble, especialmente por sus similitudes. Así, siguiendo esta ruta de trabajo, se puede continuar avanzando.
Roberto Herrera Cofré