La descentralización en el ámbito de la administración pública es un tema que sigue siendo motivo de preocupación en Chile. Aunque se han realizado esfuerzos, el país ha estado atrapado en una cultura centralista, lo que dificulta el desarrollo de los territorios. Para lograr avances, es esencial comprender el concepto y los diferentes aspectos de la descentralización. Según Schneider (2003), descentralizar se refiere a la transferencia de poder, es decir, de autoridad, responsabilidad y recursos, desde el gobierno central hacia gobiernos subnacionales, tales como regiones, provincias o municipios. Para tener medidas concretas y objetivas, la descentralización se debe evaluar al menos en tres aspectos: administrativo, político y fiscal.
La descentralización administrativa implica transferir la responsabilidad de implementar y gestionar políticas y programas gubernamentales a entidades subnacionales. En Chile, las decisiones siguen siendo mayormente definidas a nivel central, lo que limita la capacidad de adaptación y respuesta local.
En tanto, la descentralización fiscal implica otorgar a las entidades subnacionales la capacidad de tener recursos financieros propios para poder tomar decisiones y abordar las necesidades locales de manera efectiva. Esto puede lograrse mediante asignaciones presupuestarias directas, participación en los ingresos fiscales o la capacidad de recaudar impuestos y generar ingresos. Los datos evidencian una brecha significativa entre Chile y los países de la OCDE. En estudios recientes, los gastos subnacionales representaron solo el 3% del PIB y el 13% de los gastos públicos, mientras que el promedio de la OCDE fue del 17% y el 40%, respectivamente. Además, las municipalidades tuvieron un papel marginal en la inversión pública, representando solo el 12% de la inversión total.
En materia de descentralización política se busca transferir el poder y la toma de decisiones desde el gobierno central hacia los niveles subnacionales. Esto implica permitir la elección de autoridades locales, la creación de cuerpos legislativos y la participación ciudadana en la toma de decisiones locales. En Chile, se han logrado avances importantes en esta materia, ya que con la ley N°20.390 se permitió la elección directa de los consejeros regionales, quienes tienen el papel de fiscalizar y asesorar a los gobiernos regionales. Posteriormente, la ley N°20.990 permitió la elección por sufragio popular del Gobernador Regional, aunque se mantiene la figura de un Delegado Presidencial designado.
Aún queda un camino importante por recorrer sobre todo en las áreas administrativa y fiscal. Esto es importante, ya que analizando los efectos desde un punto de vista económico, Oates (1972, 1999) afirma que en un país descentralizado las autoridades son capaces de proveer bienes públicos más valorados que en un país centralizado, de esta manera los gobiernos locales tendrán más y mejor calidad de información sobre las necesidades de sus votantes y, por lo tanto, es más simple para éstos adaptar sus políticas a las preferencias locales. Estos aspectos son cruciales para lograr un desarrollo equitativo y sostenible en todas las regiones del país.
Roberto Herrera Cofré
