La agenda noticiosa durante las últimas semanas ha sido muy variada, no es de esperar que el lector se enfrente diariamente a un mar de noticias, y lógicamente no alcance a procesar tanta información. La que va desde la puesta en marcha de misiles coreanos, pasando por los memes de lucha libre en twitter del presidente de los Estados Unidos, la primarias, el rechazo del informe del Sename, la aprobación de Ñuble Región, la marcha contra la violencia a las mujeres, etc… Con esto en mente, supongo que pocos pusieron atención en la importancia que tiene para la economía la mayor reforma en 20 años a la Ley General de Bancos. Firmada el 12 de junio y que busca fortalecer la institucionalidad bancaria y dotar de mayores herramientas al regulador bancario.
La reforma considera tres ejes: primero “fortalecer los requerimientos de capital en base a Basilea III”,(Basilea se refiere al conjunto integral de reformas elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario) en simple, significa que se obliga a los bancos a aumentar sus reservas de capital para protegerse de posibles caídas, aumentando de 4,5% a un 6% de los activos ponderados por riesgo y mantiene el nivel mínimo de patrimonio en 8%. Además se les exige tener un colchón de carácter anti cíclico de un máximo de 2,5% de los activos ponderados por riesgo, para protegerse en periodos de expansión del crédito. El segundo eje, busca fortalecer el gobierno corporativo del supervisor bancario a través de la incorporación a la Comisión de Mercado Financiero (recientemente creada), de todas las competencias que la actual ley le reconoce a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y en tercer lugar, se busca entregar herramientas para agilizar la resolución bancaria en casos en los cuales algún banco esté en problemas, esto involucra el establecimiento de un Plan de Regularización Bancaria, en casos de problemas financieros y administrativos en los bancos, evitando situaciones de insolvencia y liquidación. Muy necesario, si recordamos lo que sucedió recientemente en España con el Banco Popular.
Otros aspectos considerados por la reforma incorporan el aumento de la garantía estatal a los depósitos, pasando de 120 a 200 UF y la regulación a los directores de bancos, estableciendo un piso ético a quienes ostenten dicho cargo, en otras palabras, se inhabilita a quienes hayan cometido delitos o incurrido en prácticas de alto riesgo en las instituciones bancarias, buscando así resguardar los intereses de los depositantes.
Espero que esta regulación redunde en mejores prácticas y acceso al financiamiento de quienes sostienen la economía de nuestro país, las PYMES.
A juicio de las autoridades de la SBIF y SVS (los que recientemente visitaron nuestra Escuela, dictando charlas magistrales alusivas al tema) esta reforma favorece la institucionalidad reguladora del mercado financiero y fortalece al sistema bancario chileno, ante el mundo. Junto con ello otorga mayor seguridad y opciones de financiamiento, lo que sumado aporta al desarrollo económico del país.
