Chile vive una paradoja incómoda. El cobre, un producto que corresponde a cerca de la mitad de nuestras exportaciones, se transa a precios históricamente altos, mientras la economía crece poco, la inversión no despega y la productividad lleva más de una década estancada. Conviene detenerse a reflexionar sobre este momento. Según propias estimaciones con datos diarios de la Bolsa de Metales de Londres, el 17 de agosto el cobre alcanzó un máximo histórico de US$6,62 la libra. Entre 2010 y 2024, su precio promedio fue de US$3,31. En contraste, en lo que va de 2026 promedia US$6,03, un 82% por encima de la media anterior, mientras agosto cerró en torno a US$6,55. No estamos simplemente ante un buen año, sino ante un nivel de precios sin precedentes, muy por encima del máximo de 2021 (US$5,13) y del registrado durante el superciclo de 2011 (US$4,62).
El cobre no es un producto cualquiera. La minería del cobre representa una fracción significativa de la actividad económica, sostiene cientos de miles de empleos, es la principal fuente de divisas y constituye una de las mayores fuentes de ingresos fiscales, a través de Codelco y de la tributación de la gran minería privada. Cada centavo extra en el precio promedio anual puede traducirse en decenas de millones de dólares adicionales para el Estado chileno. En este contexto, el desafío ya no es solo generar recursos, sino utilizarlos bien.
¿Qué hacer con ellos? La regla fiscal ofrece una orientación clara: los ingresos transitorios no deberían destinarse a financiar gastos permanentes, como remuneraciones o subsidios. Cuando el precio del cobre caiga, esos compromisos seguirán existiendo, pero los ingresos extraordinarios que los financiaban habrán desaparecido. Pero evitar el gasto corriente no significa que la única alternativa sea ahorrar. También es posible transformar parte de una bonanza transitoria en activos públicos que permanezcan cuando el ciclo cambie.
La inversión en infraestructura, caminos, puertos, embalses, hospitales y otras obras, permite precisamente eso. Aunque requiere mantenimiento y operación, deja activos que pueden generar beneficios económicos y sociales durante décadas. Además, actúa en dos plazos: en lo inmediato genera actividad y empleo; en el mediano y largo plazo reduce costos logísticos, facilita la inversión privada y puede elevar la productividad, precisamente el frente donde Chile lleva más de una década con avances insuficientes. La condición es que sean proyectos de calidad, con evaluación social rigurosa y capacidad real de ejecución.
Hay también una razón cambiaria. Un precio elevado del cobre aumenta la entrada de dólares y contribuye a apreciar el peso. Desde comienzos de 2025, la moneda se ha fortalecido cerca de un 8%. Esto abarata las importaciones, pero reduce los ingresos en pesos de los exportadores agrícolas y forestales, muchos de ellos de regiones como Ñuble. Una mayor inversión en infraestructura puede ayudar a compensar ese efecto al reducir costos y mejorar la competitividad del resto de la economía. Si el cobre contribuye a fortalecer el peso, que al menos ayude a financiar las obras que permitan competir mejor.
El superciclo de 2011 dejó una lección que conviene recordar: los precios altos no duran para siempre. Hoy el cobre vuelve a abrir una ventana. Aprovecharla para invertir, con criterio y disciplina, en infraestructura, es una política fiscal de crecimiento sensata y al alcance del país.
Claudio Candia Campano
