En definitiva, vemos cómo constantemente una entidad hace el “bypass” a otra de su responsabilidad por carencias en materias legislativas, reglamentarias, de sistemas, procesos, procedimientos, técnicas, métodos o, por flujos de información. Los diagnósticos son al más alto nivel pero las acciones se concretan con dificultad por el ciclo de endosos. Pero no todo está perdido.
El Presupuesto Nacional para el año 2017 deberá estar definido la última semana de noviembre, esto es los días 15 y 16 en la Cámara de Diputados y, los días 22 y 23 en la Sala del Senado; un mes después de conocida la tendencia hacia las “presidenciales”, dada la elección de ediles y concejales.
El concepto de Presupuesto como herramienta de planificación y control, tuvo su origen en el sector gubernamental a finales del siglo XVIII cuando se presentaba al Parlamento Británico el plan de gastos del reino y se daban pautas sobre su posible ejecución y control. Desde el punto de vista técnico de la palabra se deriva del francés antiguo bougette o bolsa. Dicha acepción intentó perfeccionarse posteriormente en el sistema inglés con el término budget de conocimiento común y que recibe en nuestro idioma la denominación de Presupuesto.
Este es el presupuesto más austero de Chile en 14 años, se trata del segundo mayor déficit en 26 años de democracia y suficiente para que las deudas del país superen a sus ahorros, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Es decir, Chile se endeuda porque es más barato hacerlo ahora con bajas tasa de interés a nivel mundial y nacional, que usar activos financieros disponibles para dar cumplimiento al gasto fiscal.
Esta es la oportunidad que nuestros representantes en el Congreso tienen para revertir (en parte) su alicaída imagen frente a la ciudadanía, mesurando la distribución de recursos en las áreas más sensibles: eficiencia de la agenda social y los motores de inversión de la economía.
Por otra parte, pensando en el largo plazo, los recursos que se requieren para la instalación de la Región del Ñuble (decimosexta región) y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata según un informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) ascienden a un monto aproximado de 19.000 millones de pesos.-
Frente a la percepción deslegitimada que la ciudadanía manifiesta hacia algunas instituciones, el derecho de cuestionarse: “y al final… ¿qué es la Responsabilidad Política?”, partidarios de un lado y otro responden a su favor careciendo de una respuesta, a lo menos, sensata. Creo que puede ser respondida por quienes asumirán “Política y Responsablemente” los cargos de alcaldes en conjunto con los concejales elegidos, que aboguen por el heraldo de una región que se está gestando y que nacerá junto al Presupuesto Nacional del año 2018.[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
