En los últimos días, el país ha observado con asombro los efectos del aluvión que afectó a la comuna de Las Condes producto de las fuertes lluvias, y que ha mantenido en alerta a una decena de comunas de la Región Metropolitana. Eventos de este tipo tienen el potencial de generar pérdidas cuantiosas, no solo en términos económicos y de daños a la infraestructura, sino también en salud y vidas humanas. ¿Por qué cada vez escuchamos más registros de este tipo de fenómenos?
Chile presenta una elevada exposición y vulnerabilidad frente al cambio climático, cumpliendo con casi la totalidad de los criterios definidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para recibir dicha clasificación. Entre ellos está la presencia de territorios susceptibles a riesgos de desastres naturales (sequías, incendios, inundaciones, aluviones, etc.). Los escenarios climáticos predicen que la ocurrencia de estos eventos aumentará en frecuencia e intensidad en respuesta al calentamiento global, lo que es consistente con lo observado en el país. También existe evidencia de que las poblaciones más vulnerables podrían sufrir sus consecuencias con mayor severidad, debido a diferencias en las condiciones socioeconómicas y estructurales de los territorios, y al acceso restringido a mecanismos de adaptación. Por consiguiente, la ausencia de instrumentos de gestión de riesgos — y el desconocimiento de los instrumentos para reducir la exposición — podría profundizar aún más estas brechas.
En Chile, la gestión de riesgos climáticos se enmarca en la Ley Marco de Cambio Climático. Esta ley establece la obligación de diseñar e implementar instrumentos de gestión climática a distintas escalas territoriales: nacional, sectorial, regional y comunal. En la actualidad, los individuos y comunidades están cada vez más en el centro de esta política. Lo que se debe a que, pese a su creciente importancia (y a la relativa comprensión de sus causas), las consecuencias y probabilidades subjetivas de ocurrencia de este tipo de eventos no pueden ser anticipadas por la población, debido a la naturaleza abstracta e impredecible de este fenómeno. Existe evidencia de que, bajo condiciones de incertidumbre climática, las decisiones de los individuos se apartan de lo que predice un modelo de “elección racional”, por lo que son influenciadas por las diferencias en la forma en que los individuos procesan la información disponible, dada su experiencia. Transferir adecuadamente este conocimiento es uno de los principales desafíos para el diseño de la política de adaptación en el país. Este conocimiento podría favorecer la aceptabilidad social de las políticas de gestión de riesgo, el cumplimiento de normativas vigentes o futuras, e incentivar la adopción de medidas que reduzcan el riesgo de exposición, ya sea a nivel individual o a través de los instrumentos o programas de política pública disponibles.
¿Qué podemos esperar en la región de Ñuble? Al igual que en otras zonas del país, el riesgo de exposición se manifiesta a través de eventos que afectan la disposición de flujos de agua, lo que podría amenazar la sostenibilidad del sector agroalimentario. Aumentar la capacidad de anticipación y adaptación frente a riesgos de este tipo puede generar beneficios que trascienden el territorio y contribuyen a la resiliencia de cadenas agroalimentarias relevantes para el país.
Marcela Jaime Torres
