En nuestro país no existe una legislación que regule la aplicación de encuestas públicas.
La Asociación Mundial de Investigaciones de Opinión Pública las define como estudios científicos y representativos diseñados para medir las opiniones de grupos específicos de la sociedad. Cuando se cumplen estas condiciones sirven de ayuda al público para que su voz sea escuchada y se les puede considerar como una fotografía del momento en que son realizadas; los resultados representan aproximaciones con errores de las percepciones que un grupo determinado de personas tiene de algún tema.
Los estudios de opinión pública tienen una alta relevancia en la vida política y económica de un país, son fundamentales para la cotidianeidad política y se han transformado en una herramienta indispensable en el desarrollo de proyectos y además actúan como un instrumento que ayuda a fijar la agenda de los medios de comunicación. En la actualidad muchos actores políticos de nuestra sociedad debaten sobre temas según información obtenida en encuestas de opinión y argumentan que representan los intereses de los ciudadanos. Independiente de nuestra opinión sobre las encuestas, hay que reconocer que son un elemento presente en nuestras vidas y con los avances en tecnología de los medios digitales de comunicación, permiten que la mayoría de las personas tengan acceso a participar como encuestados opinando y además pueden obtener los resultados de estos estudios. Por esto, es importante implementar estándares de calidad que permitan tener una información confiable basada en métodos científicos.
Que una encuesta sea confiable depende de varios factores como: el diseño, la objetividad de las preguntas, el tamaño de la muestra, el margen de error y la metodología, entre otros. La teoría estadística que fundamenta el proceso de muestreo propone que la selección de los individuos que forman la muestra debiese ser probabilística, aleatoria y representativa, condición que lleva a muchos a cuestionar las encuestas telefónicas; el cuestionario aplicado en la encuesta debe evitar preguntas sesgadas que de antemano busquen una respuesta determinada. Una mala encuesta no solo implica una pérdida de tiempo, sino también pérdida de recursos económicos. Las interpretaciones obtenidas no deben extrapolarse a niveles que no pueden ser justificados con los propios resultados del estudio; el investigador debe limitarse a conclusiones científicas de la encuesta y ser capaz de abstraer sus posturas, opiniones y sesgos.
Es fundamental que cuando se haga público un estudio, se entregue información referente a lugar geográfico donde se aplicó la encuesta, grupos etarios que formaron la muestra, etc.; lo que permite verificar que cumple con los elementos mínimos necesarios para ser confiable y digno de ser considerado para la toma de decisiones, ya sea por un organismo del estado o por un particular. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad pues son los que principalmente comunican los resultados a la sociedad construyendo una noticia con la información entregada por los diversos estudios de opinión, por esto debieran ejercer un control para asegurar la calidad de los resultados que dan a conocer.
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