Desde hace un par de meses que estamos escuchando distintas opiniones con respecto a la eventual Reforma Tributaria que ha sido propuesta por el gobierno de turno, en donde se ha puesto énfasis en que es una reforma estructural y que permitirá recaudar los recursos suficientes para, a su vez, realizar una reforma educacional de carácter transformador.
Esta reforma tiene un último acontecimiento, en donde el Gobierno y la Comisión de Hacienda del Senado han alcanzado un “acuerdo nacional”, que reestructura la propuesta original de reforma tributaria.
Estas modificaciones si bien en algunos aspectos tienden a ser positivas, a mi juicio apuñalan el “corazón” de la reforma tributaria, esto es, la eliminación del FUT.
El “Protocolo de Acuerdo”, firmado por el Gobierno y la Comisión de Hacienda del Senado, establece un nuevo mecanismo de tributación, denominado “renta percibida”, que según los expertos es similar al actual y mantiene además la propuesta inicial de “renta atribuida”, en donde, las empresas podrán escoger voluntariamente la más conveniente.
El FUT no será eliminado, como se había comprometido en el programa y reiterado hasta el cansancio, puesto que la mayor parte de las utilidades no distribuidas continuarán postergando sus impuestos indefinidamente. El “acuerdo” vuelve, en este punto, la discusión tributaria a fojas cero, el gobierno debe analizarlo en profundidad y hacer nuevas propuestas, que considere por ejemplo terminar con el sistema de tributación “integrado”, que es a su vez el padre del FUT y la base de los principales mecanismos de elusión tributaria existentes, gracias a los cuales los verdaderamente ricos terminan pagando menos del 7 por ciento de sus ingresos en la actualidad, según cálculos del propio SII (Servicio de Impuestos Internos).
Lo que a mi juicio se debe lograr, es restablecer lo que hacen todos los sistemas tributarios del mundo y el chileno también, hasta la década de 1980: que las empresas paguen sus impuestos y luego los dueños hagan lo propio con los retiros efectuados.
Estando de acuerdo en ese principio fundamental, la discusión se remite a un asunto de tasas. El “acuerdo” establece una tasa de tributación para las empresas de 27 por ciento, dos tercios de la cual puede ser descontada por sus dueños de sus propios impuestos. Es decir, la tasa neta de tributación de las empresas queda en nueve por ciento, que es un tercio del 27 por ciento.
Esa es una tasa extremadamente baja para niveles internacionales, en los cuales las empresas tributan por lo general un treinta por ciento, sin derecho a que sus dueños descuenten nada de sus propios impuestos. Hay que lograr que la tasa de nueve por ciento que queda para las empresas, se suba considerablemente.
El “acuerdo nacional” de la Comisión de Hacienda del Senado deja las cosas tal como están hoy. Debe entonces ser rechazado tajantemente por la ciudadanía y el parlamento. Sin embargo, sobre la base de “desintegrar” el sistema tributario, parece posible establecer un nuevo acuerdo que garantice que la reforma efectivamente cumpla con lo comprometido originalmente en el programa de gobierno.
Rafael Monsalve, Académico Escuela de Administración y Negocios – Universidad de Concepción.
