La confianza crece con la lentitud de una palmera pero cae con la prontitud de un coco.
Este dicho árabe es quizá uno de los que mejor representa lo que quiero expresar en esta columna y que es uno de los grandes desafíos que debemos resolver como sociedad: cómo devolvemos la confianza de las personas en las instituciones del Estado.
Una consulta online que realizó la Contraloría General de la República sobre la percepción de corrupción tuvo como resultado que el 70% de las personas considera que en Chile hay más corrupción que en 2019, siendo las cinco áreas de mayor percepción: compras públicas (71,8%), contratación de personal (65,3%), construcciones de obras públicas (54%), entrega de beneficios sociales (43,8%) y la fiscalización y auditoría (32,6%). Peor aún, apenas un 32,9% denunció estos hechos porque un 47,4% desconfía de las instituciones que deben tratar las denuncias, mientras que otro 39,9% consideró que su denuncia no tendría consecuencias.
Una de las posibles soluciones a lo anterior fue una indicación de un grupo de parlamentarios en la discusión de presupuesto 2021, que impulsó dejar un artículo permanente en la ley de presupuesto del Estado con la intención de comprometer el avance de un registro de proveedores. En términos simples, la indicación busca normar que se visibilice al beneficiario final de las empresas que tienen contacto con el gobierno, bancos y otras instituciones, sobre todo aquellos que están intermediados por una serie de instituciones legales, que operan por cuenta del beneficiario final, no visibilizándolo. De esta forma se pueden evitar licitaciones de compras públicas donde participen dos empresas de un mismo dueño, evitar que una empresa pueda acceder a subsidios donde exista vinculación con una autoridad, evitar rebaja de multas e incluso saber quiénes son los beneficiarios en un cambio de uso de suelo.
Esta indicación no es algo nuevo. Desde el año 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puso a disposición una serie de herramientas para que los países puedan adquirir transparencia en este sentido. Por su parte la Comunidad Europea posee un registro de beneficiarios finales y en nuestra región Argentina, Uruguay y Panamá avanzan en estos estándares. Finalmente, volviendo a la discusión presupuestaria en comisión mixta, esta indicación quedó reducida al registro de proveedores de mercado público, lo que no cumple con los estándares internacionales de medidas anticorrupción.
Es importante avanzar en estos estándares, ya que proporciona a las autoridades herramientas que persigan la corrupción, impulsar la meritocracia sobre el nepotismo, pero por sobre todo devolver la confianza a las personas en sus instituciones. Más aún en pleno ojo de pandemia, donde los gobiernos se ven obligados a ejecutar el gasto público más rápidamemte con la finalidad de amainar la creciente necesidad de las personas que representan. El grupo femenino español Ella Baila Sola lo expresa mejor: “Quiero verte las manos, que no cruces los dedos si prometes algo; y mirarte a los ojos y saber que es verdad cuando me estás hablando; y que nada invada mi confianza”.
Víctor Díaz López
