Dentro de las recientes iniciativas de norma popular que buscan ser discutidas y votadas en la convención constitucional, destaca la propuesta que busca la creación de dos nuevas regiones (Aconcagua y Chiloé) ya que ambas sobrepasaron el umbral de las 15 mil firmas requeridas. Esta moción pretende una distribución del poder político, económico y territorial más equilibrado, además de recuperar la autonomía de ambas localidades. En esta línea es importante recordar que en 2017 se creó la Región de Ñuble y, previo a ello en 2007, se había aprobado la creación de las regiones de Los Ríos y de Arica y Parinacota.
Estos fenómenos demuestran que aún no tenemos un equilibrio estable en la división política administrativa del país, y aunque parezca curioso, lo cierto es que esta realidad no es ajena a otros países en desarrollo.
En las últimas décadas, se han generado diversos casos en que países en desarrollo han aumentado su número de unidades administrativas subnacionales. Se presentan diversos casos en el África Subsahariana, donde a partir de los noventa casi la mitad de los países aumentó su número de unidades territoriales en más de un 20% (Grossman y Lewis, 2014). Del mismo modo, Lewis (2017) evidencia el caso de Indonesia en que el número de distritos aumentó de 292 a 434 luego de una reforma llevada a cabo en el 2001. Por su parte Lima (2020) evalúa el impacto en Brasil de un proceso de reforma constitucional que tuvo como resultado que en 1988 el país pasó a dividirse en 26 estados, más un distrito federal.
Estos fenómenos de proliferación de gobiernos locales están ligados al afán de descentralizar el gobierno central de modo que el gobierno sea más responsable y receptivo con los ciudadanos. Entonces por un lado tenemos el efecto positivo que las decisiones se acercan a las preferencias locales, pero por otra parte se reduce la posibilidad de generar economías de escala en la provisión de bienes públicos. Por lo tanto, no existe consenso entre descentralizar y subdividir el territorio, y este trade off justamente debería determinar el tamaño óptimo de las unidades subnacionales (Alesina, Baqir y Hoxby, 2004).
Estos fenómenos de divisiones regionales según Fitrani et al. (2005) se deben principalmente a la dispersión geográfica, a la diversidad política y étnica, a la riqueza de recursos naturales y a la búsqueda de rentas burocráticas extras. Entonces la pregunta relevante al menos para Chile es si la división administrativa tiene un impacto en variables económicas claves tanto a nivel del territorio como del bienestar individual.
Sin embargo, por diversas razones, en Chile no hay estudios empíricos que permitan concluir si el cambio de los indicadores económicos y sociales es significativo debido al aumento paulatino que se ha presentado en el número de regiones. Por lo tanto, la discusión está abierta y al menos con datos económicos disponibles en fuentes públicas, los resultados son diferentes según el territorio que recibe el tratamiento, por lo que no existe una respuesta general del efecto de crear nuevas regiones, sino más bien depende de las particularidades propias de cada fenómeno.
Roberto Herrera Cofré
