Chile, un país reconocido históricamente por su estabilidad económica y seguridad relativa, se enfrenta a un desafío que ha ido ganando relevancia en los últimos años: el aumento de la percepción del crimen.
A pesar de que las estadísticas oficiales muestran tasas de criminalidad moderadas en comparación con otras naciones latinoamericanas, la percepción de inseguridad ha ido en aumento en varios sectores de la sociedad chilena. Este fenómeno, aunque no siempre refleje necesariamente la realidad, tiene efectos significativos en la economía del país.
Una de las principales repercusiones económicas de esta percepción creciente de inseguridad radica en la inversión. Chile ha sido un destino atractivo para la inversión nacional y extranjera debido a su estabilidad y seguridad. Sin embargo, si esta percepción persiste o aumenta, podríamos ver una disminución en la confianza de los inversionistas, lo que llevaría a una desaceleración en la llegada de nuevos capitales y proyectos empresariales. Esto afectaría tanto al empleo como a los salarios.
Además, el aumento en las medidas de seguridad privada y la implementación de sistemas de vigilancia por parte de empresas y de las personas ante esta percepción de inseguridad, representa un gasto adicional que podría impactar la capacidad de inversión y el consumo interno. Los recursos que podrían destinarse a la expansión empresarial o al consumo en el mercado podrían redirigirse hacia medidas de protección, afectando así el dinamismo económico.
El sector turístico, muy importante para la economía chilena, también podría experimentar dificultades debido a esta percepción. La imagen de Chile como destino turístico se vería afectada, disuadiendo a potenciales visitantes extranjeros. La disminución en los flujos turísticos tendría un impacto directo en los ingresos generados por esta industria, afectando a sectores como la hotelería, el transporte y la gastronomía.
Otra consecuencia importante radica en la confianza de la población en las instituciones gubernamentales encargadas de la seguridad pública. Hay una porción de la población que siente que el gobierno, más allá de las palabras, no da señales efectivas y tampoco se hacen esfuerzos directos para disminuir el crimen. Si la percepción de inseguridad no se aborda adecuadamente, erosionará aún más la confianza en dichas instituciones, en detrimento de la confianza general en el Estado. Esto último, a su vez, también desincentivaría la inversión y el crecimiento económico.
Además de los efectos económicos directos, la percepción creciente de inseguridad también puede afectar la calidad de vida de las personas. El aumento del estrés y la ansiedad, derivados de esta sensación, influyen en la productividad laboral y en el bienestar general de la población. Estos efectos se podrán ver en la salud mental de las personas, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo.
Es crucial que las autoridades y la sociedad enfrenten esta situación de manera integral, implementando estrategias que no solo aborden la realidad de la seguridad, sino también la percepción que se tiene de ella. La calidad de vida y la salud mental de todos los chilenos depende de ello.
Ariel Soto Caro
