La violencia es un fenómeno complejo que trasciende los actos físicos de agresión con el fin de intimidar o dominar a alguien. Estos actos son solo uno de los muchos matices que conforman el espectro de la violencia, ya que existen formas más sutiles y, a veces, incluso invisibles, que pueden menoscabar la dignidad y la autoestima de una persona de manera irreversible. Ejemplo de ello es el denominado ciberacoso y la funa, que pueden tener consecuencias tan graves como las de la violencia física.
La normativa emanada con la promulgación de la Ley 21.643, cuyo objetivo es prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, ha suscitado un intenso debate respecto a la complejidad de su implementación, su alcance y la eficacia de su accionar preventivo y remedial. Dicho debate es comprensible, dado que la mera existencia de una ley no garantiza su cumplimiento automático. Sin embargo, un aspecto positivo de estas discusiones es que han promovido una mayor sensibilización y vigilancia en torno a las actitudes y conductas que pueden ser calificadas como violentas o lesivas a la dignidad de las personas.
Es sumamente valioso que, en nuestro repertorio, se haya integrado la capacidad de clasificar los diferentes tipos de violencia, permitiendo identificar actos indeseables como violencia económica, psicológica, emocional, física, sexual, social, y acoso. Poner nombre a estas realidades facilita su identificación y comprensión. Esto es especialmente relevante en el entorno laboral, donde la violencia psicológica, que puede manifestarse con mayor frecuencia, adopta formas encubiertas, difíciles de identificar incluso para las propias víctimas.
Es probable que, al inicio, la implementación de la nueva normativa en las organizaciones carezca de la sistematización necesaria y resulte impopular, especialmente en lo que concierne al protocolo de investigación de denuncias. Pero será un excelente ejercicio para las instituciones el tener que desarrollar e implementar protocolos que realmente se integren en la cultura organizacional y que logren crear conciencia sobre el acoso y sus formas de prevención, transformando la implementación de la ley en un medio para mejorar y no en un fin en sí mismo. Por cierto, es previsible que se multipliquen los casos de sobrerreacción, donde cualquier conducta podría ser considerada abuso. Sin embargo, este es un hito relevante que impulsa a nuestra sociedad hacia la modernidad y enriquece nuestro acervo cultural, en un contexto donde, principalmente, los beneficios monetarios y materiales suelen ser los que mayor aceptación popular generan.
La promulgación de esta ley sitúa a Chile en una posición comparable a la de países como Francia, Suecia, Australia, Canadá y Japón. Es un paso fundamental y un hito culminante en nuestro cuerpo legislativo, que ha venido avanzando en estas materias desde al año 2012. Pero, sobre todo, es crucial que se haya instaurado una, tan necesaria, toma de conciencia, un proceso introspectivo sobre cómo nos relacionamos con los demás.
Carmen G. Pérez Riquelme
