Una de las industrias más influentes en nuestro país es la minería. No solo por su aporte a las arcas fiscales, sino también por los impactos que genera en el medioambiente. En este contexto, el royalty supone un tipo de compensación monetaria que las empresas que desean extraer y comercializar minerales, en nuestro caso cobre, deben pagar para ejercer sus operaciones. Esta compensación se vuelve especialmente relevante frente a una actividad económica que por su naturaleza genera controversia en materia medioambiental. Por lo que es clave compensar a la población, especialmente aquella que habita cerca de los yacimientos y que percibe de manera directa las consecuencias negativas de esta actividad como la contaminación ambiental en el agua, polución en el aire, ruidos molestos, malos olores, etc.
Durante este año 2022, y en el marco de la discutida reforma tributaria propuesta por el gobierno, el proyecto de ley de royalty minero no ha estado exento de debate. Hace aproximadamente un mes el gobierno presentó una serie de indicaciones al proyecto de ley en materia de definición del propio royalty minero, tasas aplicables y efectivas, componentes del royalty, derogación del impuesto específico a la minería en ciertos casos, entre otros aspectos que son materia de la propuesta de ley. Estas indicaciones por ahora están siendo revisadas por la Comisión de Minería y Energía del Senado, para luego pasar a la Comisión de Hacienda. El paso siguiente comprende la votación del proyecto por la Sala del Senado. En caso de ser aprobada la propuesta de ley, se requerirá finalmente de la aprobación de la Sala de la Cámara de Diputados para su publicación como ley. A pesar de estas indicaciones, tanto gremios y ejecutivos de la minería exigen cambios de fondo a la propuesta de ley, para lo cual consideran una mejor alternativa un impuesto sobre el margen operacional minero de las empresas pues, según sus explicaciones, el alto precio del cobre no garantiza rentabilidad y de aprobarse la propuesta de ley impactaría de forma negativa a la industria cayendo la producción a nivel nacional además de una caída en competitividad a nivel internacional.
De esta manera, si se va a modificar el régimen tributario para la minería en nuestro país, al menos se hubiera esperado un mecanismo o factor de estabilidad para dar certezas a las nuevas y potenciales inversiones en la industria tal como se hizo en el pasado en las dos reformas implementadas. Además, hay que tener en cuenta que la reforma tributaria también considera el aumento de carga impositiva a la minería a través de otras modificaciones tales como la limitación del arrastre de las pérdidas tributarias, la aplicación de una tasa a las utilidades retenidas, los nuevos impuestos correctivos, etc. En este sentido, se esperaría que en los pasos siguientes de las discusiones tributarias se ingresen indicaciones que apunten a no poner en riesgo al sector, pero que avancen en incrementar su aporte tributario de una manera sostenible, tanto económicamente como en materia medioambiental, especialmente en las zonas mineras.
Mauricio Oyarzo Aguilar
