Luego de una semana marcada por el estallido social iniciado por las masivas evasiones en el metro de nuestra capital, la agenda social presentada el pasado martes 22 por el Presidente de la República, se encuentra algo distante de lograr atacar los problemas de fondo que han motivado las movilizaciones a nivel nacional, tal como el actual modelo económico. En materia laboral, el incremento de $ 301.000 a $350.000 del salario mínimo actual, se pretende realizar con aporte directo del Estado, a través de una lógica de subsidios. Si bien esta medida tiene la intención de aliviar en parte el actual escenario que enfrenta la población de más bajos ingresos, no logra acercarse a la actual línea de pobreza considerada por el Ministerio de Desarrollo Social la que para un hogar promedio de cuatro personas corresponde a $435.536. A nivel local, cobra incluso una mayor importancia considerando que de acuerdo a la última CASEN del 2017, la mitad de los trabajadores de la región de Ñuble tienen sueldos líquidos por debajo de $270.000 sumado a que el 70% de la población gana menos de la propuesta salarial del ingreso mínimo garantizado. Por lo demás, estas cifras nos posicionan como la región con los salarios más bajos del país.
Si bien la medida del incremento salarial pareciera favorecer a sus beneficiarios directos, o sea, a los trabajadores, ésta puede desencadenar potenciales incentivos perversos en las empresas, principalmente en los salarios ya pactados y en las futuras contrataciones que se lleven a cabo, pues no corresponde a un alza efectiva, sino a un subsidio para llegar al ingreso mínimo. En este sentido, y de acuerdo a los mecanismos de mercado, incluso se podría dar una presión a la baja de los sueldos beneficiando directamente a las empresas, según las circunstancias y el poder de negociación que posean en materia salarial. Al respecto, si para un puesto laboral determinado las empresas estaban dispuestas a pagar $350.000, existen fuertes presiones para pagar una cifra correspondiente al actual sueldo mínimo y ser subsidiadas por el gobierno con $49.000. Por otro lado, esta medida también afecta las potenciales promociones salariales a las cuales pueden acceder los trabajadores, pues las empresas también tendrían fuertes incentivos por desarrollar incrementos por debajo del ingreso mínimo garantizado. Así, una parte importante de trabajadores empezarían a cobrar el sueldo mínimo independiente de tener potencial de cobrar más. Sumado a ello, el potencial efecto negativo en las pensiones al momento de jubilar.
En este aspecto, es necesario que las medidas que se vayan proponiendo en materia salarial consideren un incremento sustancial en el sueldo mínimo en desmedro de subsidios, además del apoyo necesario para que pymes logren lidiar con el actual contexto. Ya hemos visto que algunas empresas han avanzado en esta materia y han dado un primer paso comprometiendo sueldos con un piso de $500.000 y fracción. Esperemos que este espíritu logre calar en nuestros legisladores y que se logren los cambios profundos y estructurales tan necesarios frente al estallido social de manifiesto en las calles y localidades de nuestro país.
Mauricio Oyarzo Aguilar
