Sin lugar a dudas, la crisis desatada en nuestro país por la actual pandemia del COVID-19 tiene un fuerte componente multidimensional, abarcando aspectos desde lo sanitario, económico y social, profundizando inevitablemente la mayor crisis política e institucional de los últimos 30 años. En este último aspecto, el plebiscito y la elección de gobernadores regionales podrían eventualmente, descomprimir y otorgar una mayor participación a la ciudadanía en el devenir del país post-pandemia. En el caso de las aplazadas elecciones de gobernadores para abril del próximo año, se presenta una oportunidad única para que los actores sociales y la ciudadanía en su conjunto elijan a la autoridad regional bajo un proceso que busca otorgar una mayor participación y compromiso en materia de democracia a la población local. Sin duda este proceso democrático requiere potenciar la institucionalidad política regional que otorgue a los ciudadanos la seguridad de que las autoridades están comprometidas con las problemáticas y las necesidades locales, que por su naturaleza son heterogéneas y diversas dependiendo del territorio y/o localización.
Esta instancia provee un escenario ideal para la recuperación progresiva de la confianza en las instituciones. Además de potenciar que los ciudadanos tomen parte activa en asuntos de interés público, tales como las medidas, políticas y acciones concretas destinadas a lidiar con los efectos negativos de la pandemia en el corto, mediano y largo plazo. En este punto, la mayor autonomía y la descentralización tan necesarias en nuestro país requieren de una discusión seria y a conciencia entre los diversos actores a nivel sub nacional, pues este proceso conlleva una gran responsabilidad en términos de la correcta, oportuna y eficiente administración de los recursos públicos. La pandemia en sí misma ha revelado la importancia y la necesidad de contar con administraciones locales robustas, comprometidas y cercanas a la ciudadanía. Aunque dichas instituciones han sido afectadas por la disminución de sus recursos frente a las políticas adoptadas por el gobierno central en materia de aplazamiento en el pago de impuestos locales.
Por tal motivo, es de gran importancia avanzar hacia la modernización de la gestión local. De manera concreta se debe potencial la vinculación entre la administración pública y las universidades regionales y/o centros de investigación mediante el desarrollo de proyectos en conjunto, estudios, análisis técnico, evaluación de impacto, capacitación y asistencia técnica. Estas acciones se deben encaminar al diseño, formulación y ejecución de políticas públicas innovadoras e inteligentes que obedezcan al territorio, procesos históricos y a sus particularidades. Para que estas acciones se materialicen es necesario pasar de un estado fuertemente centralizado y verticalista a uno que otorgue una mayor responsabilidad y autonomía al sistema regional y comunal. Es aquí en donde el liderazgo y la responsabilidad de los actores locales cobra especial relevancia, más aún en un contexto de crisis que plantea la necesidad de cambios y mejoras en como se realizan los procesos y se administran los recursos.
Mauricio Oyarzo Aguilar
