Octubre es un mes determinante para el inicio de la discusión en el Congreso de la Ley de Presupuesto. En términos generales, se proyectan ingresos considerando el potencial de recaudación tributaria (impuestos) en función de variables claves como el precio del dólar, el crecimiento, la inflación, el precio del cobre, entre otros. Asimismo, se proyecta el gasto en función de actividades priorizadas por el Ejecutivo, las que una vez aceptadas en el Congreso obtienen el estatus de Ley de Presupuesto. El problema se suscita cuando los ingresos proyectados son menores al costo de las necesidades priorizadas, lo que nos obliga a adquirir deuda, aumentar la recaudación fiscal o dejar de realizar actividades priorizadas. Analicemos ahora cada uno de estos puntos.
En relación con la deuda pública, ésta se elevaría por sobre el 41% (Art. 3) -su mayor nivel desde 1990– lo que deja de manifiesto el deterioro de nuestra economía y que el gasto público está por sobre la recaudación. Lo anterior, es resultado de la de años de déficit fiscal y que, lejos de contenerse, aumentaría en 2024 considerando que el escenario base de expansión del gasto público es de un 3,5%, lo que supera la proyección de crecimiento del Banco Central entre 1,25% y 2,25%. A lo anterior se suma que no se esperan aportes extraordinarios de las empresas del Estado; Codelco se encuentra asfixiado por sus deudas; el precio del litio está por debajo del 70% respecto del peak del año 2022 y se prevé una recaudación por renta menor (considerando el aumento del sueldo mínimo, la disminución de horas laborales, la reforma previsional y el aumento del desempleo, se produce una disminución de la masa salarial en posición de consumo).
Ante lo expuesto, el déficit podría ser contenido en parte con el aumento de la recaudación fiscal que se pretende ingresar en marzo del año 2024. En este momento, existe un trabajo previo sobre crecimiento tendencial y espacio fiscal, con presencia de expertos de los principales partidos políticos. A esto se suma el trabajo que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre dividendo en el sector público ambos en plena ejecución. El propósito de estas acciones es establecer medidas fiscales que permitan resolver problemas sociales, en materia de pensiones, salud, cuidado y seguridad ciudadana, entre otras.
Una tercera opción es un presupuesto austero y acentuar medidas de gestión para que el país no llegue a niveles máximos prudentes de endeudamiento (menores al 45%), sin dejar de realizar programas sociales. Por otro lado, no se prevén ahorros por evaluación de programas, pero sí se comprometen acciones de probidad para el seguimiento de los recursos del Estado.
