Imagina un país donde cada persona tiene derecho a voto. En este mundo imaginario, se eligen personas de entre el pueblo para que diseñen y planifiquen el desenvolvimiento la sociedad, desde el punto de vista cívico, económico, legal, educativo, sanitario, logístico, etc. Estas personas, designadas por la misma sociedad a la que pertenecen, representan los intereses de la mayoría del país, y así, todo funciona bien. En teoría, no sería necesario imaginarlo. Al menos, algunos países de Europa del norte no necesitan hacerlo.
Los economistas Quirk y Saposnik publicaron en 1968 un emblemático artículo sobre lo que, en ciencias económicas, se llama Equilibrio General. En su artículo presentan lo que hoy llamamos el “postulado ético fundamental”. Este postulado dice que el bienestar de la sociedad debe ser juzgado únicamente por los miembros de esa sociedad. En otras palabras, si quieres opinar y proponer ideas para el bienestar de un país, primero debe vivir en dicho país.
No se concibe la idea de que personas que no viven la realidad de una sociedad tomen decisiones sobre ella. Es como que un chillanejo opine sobre cómo debe ser el transporte público en Quito, Ecuador. Carece de todo sentido. Sin embargo, a nivel nacional, el asunto no es tan lejano. Todo chileno recordará cómo en marzo de este año, se destacó la ignorancia de los diputados acerca del precio del pasaje en Metro. Este hecho “puntual” solo muestra una pequeña arista de un profundo problema social y político. Y el problema es que los que toman las trascendentales decisiones de política en Chile, quienes nos gobiernan, no viven en el mismo país que el resto de los chilenos.
Sucede que los senadores y diputados de Chile no pueden tomar buenas decisiones de salud pública, simplemente porque no saben cómo es la salud pública en Chile. ¿Por qué? Porque no la usan. Y así, tampoco pueden decidir correctamente sobre las políticas para el transporte público; porque no lo usan. Y no pueden mejorar la educación pública, porque sus hijos no van a establecimientos públicos. No saben lo que es el costo de la bencina porque se la financia el Estado. Junto a sus arriendos, sueldos y líneas de teléfono, por mencionar lo más conocido.
Tristemente la sociedad chilena se ha permitido gobernar por extranjeros. Personas que toman decisiones que afectan a un país diferente del que ellos viven. La pregunta más importante es ¿hasta cuando los chilenos permitiremos este extraño gobierno? ¿Cuándo los diputados y senadores ganarán un sueldo justo, como en países desarrollados? ¿Cuándo “ser de la clase política” dejará de ser una posición llena de privilegios?
Estas preguntas intentan señalar que lo que Chile necesita, antes de reformas laborales y tributarias, es limpiar el gobierno de los incentivos a la corrupción, y necesita llamar a políticos que estén dispuestos a tomar el cargo, con un sentido de deber, y no como un buen negocio. Con un puesto laboral lleno de privilegios, es difícil dejar afuera a los que no aportan ¿Cuántos actuales políticos están dispuestos a tal cambio? Si podemos responder esa pregunta, también sabremos cuándo ocurrirá dicho cambio.
