El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a principio de año no significó solo un cambio de mando en Washington, es un sismo geopolítico cuyo epicentro puede estar en el norte, pero cuyas réplicas sacuden los cimientos de América Latina. Este nuevo ciclo, que llega acompañado de un endurecimiento de las políticas migratorias, la promesa de deportaciones masivas y una persecución institucionalizada contra los indocumentados, ha encendido las alarmas en el hemisferio. Sería un error pensar que Chile, protegido por la distancia geográfica, es inmune a estas consecuencias.
Las deportaciones dejaron de ser una amenaza abstracta para convertirse en una realidad logística. Episodios recientes, con decenas de chilenos devueltos en vuelos denunciando tratos indignos, son el preludio de una política de «tolerancia cero». Esto pone en jaque un activo diplomático clave: el programa de exención de visas (Visa Waiver). Chile es el único país de la región que goza de este privilegio, pero la paciencia en el Capitolio se agota. Perder ese estatus dañaría la imagen país y afectaría negocios, turismo e intercambio académico, aislando a Chile de su principal socio comercial fuera de Asia.
Desde la arista económica, el fenómeno es bifronte. Por un lado, una contracción en la economía de los migrantes en EE.UU. implica una caída en las remesas hacia América Latina, empobreciendo a la región y forzando más desplazamientos. Por otro, la llegada de mano de obra a Chile puede ampliar la oferta laboral en segmentos de baja calificación. Aunque esto puede generar tensiones a corto plazo en mercados regionales deprimidos o con alta informalidad, también ofrece una oportunidad demográfica. En un país que envejece aceleradamente, la migración joven puede dinamizar sectores intensivos en mano de obra, ampliar la base tributaria y sostener el consumo interno. El desafío es si el Estado tiene la agilidad para diseñar políticas de inserción que transformen esta presión demográfica en un bono productivo, evitando la creación de guetos de pobreza.
Existe además un efecto indirecto pero corrosivo: el contagio narrativo. Las imágenes de redadas en EE.UU., amplificadas por el algoritmo de las redes sociales, validan la idea de la migración como amenaza existencial. En Chile, ese eco ya no es solo retórica importada: la elección de José Antonio Kast lo vuelve agenda de gobierno, mezclando seguridad con migración. Sin un debate informado, las comunidades migrantes pueden convertirse en el chivo expiatorio de fallas estructurales históricas: precariedad laboral, falta de planificación urbana y desigualdad en el acceso a servicios básicos.
El desafío para Chile es doble y urgente. En lo interno, debemos pasar del mero control fronterizo a una gestión que combine seguridad inteligente, integración social y apoyo financiero robusto a los municipios, primera línea de respuesta. En lo externo, la cancillería debe mantener un diálogo pragmático con Washington, defendiendo la integridad de nuestros ciudadanos y salvaguardando los acuerdos bilaterales. Lo que ocurre en el Despacho Oval ya golpea nuestras costas y pone a prueba nuestra madurez institucional.
Ariel Soto Caro
