El Banco Central de Chile es una institución que, a través de su autonomía, busca asegurar y garantizar que la formulación y/o implementación de la política monetaria se efectúe sin interferencia de las autoridades políticas.
Ahora bien, la historia económica nos cuenta que en las acciones de la gestión en esta materia por parte de los gobiernos han aparecido fallas, con efectos o conflictos muy negativos asociados a la dependencia de los bancos centrales a los gobiernos de turno.
Visto así, tenemos el inconveniente de la autoridad política relacionado con el financiamiento fiscal. Es decir, cuando el Banco Central depende del gobierno, se abre la posibilidad de que éste financie el déficit fiscal mediante emisión (Marcel, 2017). Y desde luego, emitir dinero para financiar déficit fiscal es la principal razón detrás de tasas de inflación altas y persistentes. Una inflación alta genera costos para la sociedad, especialmente para quienes tienen menos protección ante alzas de precios y que, al mismo tiempo, son quienes gastan la mayor parte de sus ingresos, ya que no tienen capacidad de ahorro. Sufren así todo el impacto del alza, por lo que la inflación se caracteriza como un impuesto, además, regresivo. Entonces, es bueno que el Banco Central, sea independiente de las necesidades de financiamiento del Gobierno (Céspedes y Valdez, 2006).
También, si el Banco Central es dependiente de la autoridad política se tendrá que enfrentar al dilema planteado por la curva de Phillips que relaciona las tasas de inflación y de desempleo. Si la autoridad política presiona por crear nuevos empleos y se dedica a dar prioridad a esta política, también es posible que se genere un aumento de la inflación, configurando que las decisiones de corto plazo y las metas de largo plazo sean incompatibles entre sí, por ejemplo, en materia de inversión privada. La autonomía legal conferida al Banco Central en 1989 fue la base legal que permitió la conducción de una política monetaria separada de eventuales necesidades de financiamiento fiscal. Sin embargo, la gestión de esta entidad en el control de la inflación y su manejo de la tasa de política monetaria, en la política cambiaria y en el control de la masa monetaria, son los factores que dan argumentos de peso para pensar que dicha autonomía ha sido efectiva y que como institución ha cumplido con el mandato legal. No obstante lo anterior, la autonomía se ve influida también por elementos claves, como lo son la estabilidad política de un país, el mercado de capitales y financiero e inclusive la desigualdad existente.
Finalmente, si la autonomía al parecer es recomendable y las acciones realizadas hasta ahora son bienvenidas; entonces podríamos pensar en declarar en la nueva Constitución a algunas otras instituciones como autónomas y con su propia ley orgánica, como por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Fiscalía, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y el Registro Civil. Creo que estas instituciones funcionarían mejor al margen de la política.
Froilán Quezada Quezada
