Estamos preocupados de las decisiones que el poder legislativo tome acerca de varios temas importantes para los chilenos. Uno de ellos se relaciona con la educación y los estudiantes demostraron su preocupación organizando la marcha que se realizó el pasado jueves 8 de Mayo. Con esta manifestación dejaron claro que no siguen pensando en la posibilidad de mejorar las condiciones para educarse; además de la asistencia de estudiantes, se pudo observar el apoyo de otros conglomerados, los cuales marcharon recordando que hay algo pendiente y que se debe trabajar en pos de lograr mejorar la educación en nuestro país.
El estado de Chile, en la ley 20.529, articulo 1, define educación mediante el siguiente párrafo: «Se entenderá por educación el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas».
Esta definición no es de uso cotidiano y debiera ser de conocimiento de todos, dado que está en la ley y la debemos cumplir. Según lo expuesto en la ley, la educación es un proceso que abarca las distintas etapas de la vida y en su finalidad está el desarrollo intelectual como también el ético, espiritual, moral, etc., y además el cultivo de valores. De esto podemos deducir que no cualquier institución puede dedicarse a la educación, y que se requiere de una legislación clara que sirva de base para las organizaciones relacionadas con la educación.
En la publicidad que tienen algunas instituciones de educación superior, se puede observar que ponen más énfasis en el título que otorgan y en lo que trabajarán sus egresados, que en la educación que entregan, con lo cual priorizan la formación de elementos aptos para el sistema económico actual por sobre la formación de personas educadas integralmente.
En estas condiciones es muy difícil mejorar la educación; debemos tener acuerdos de país, que apunten a lo realmente importante y cuando se tengan esos objetivos claros, podremos pensar en unir fuerzas para lograrlos.
Hay tres partes importantes involucradas en esta tarea; primero: el Ministerio de Educación, que debiera guiar y ayudar a los organismos que él mismo autoriza para educar a los estudiantes, sean estos jardines infantiles, colegios, institutos o universidades y no crear superintendencias que fiscalicen con el principal objetivo de castigar, como por ejemplo disminuir el apoyo económico por la inasistencia de alumnos; segundo: las instituciones que el ministerio autorice a otorgar educación en cualquier nivel, debieran solo preocuparse de educar a sus alumnos, entregando personas «educadas» a la sociedad y no estar preocupados de otros objetivos, como por ejemplo el generar recursos económicos para financiarse; y tercero: la familia, que debiera apoyar las iniciativas del ministerio y el desempeño de los docentes, inculcando a sus hijos que deben educarse para servir a la sociedad y respetar la institucionalidad que nos hemos dado.
Celso Vivallo Ruz, Académico Escuela de Administración y Negocios, Universidad de Concepción.
