Una cooperativa es una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática. Surge cuando un grupo de personas decide resolver de manera colectiva necesidades que, por separado, resultan difíciles o costosas: producir, comprar, vender, financiarse o asegurar servicios esenciales en el territorio. Su sello distintivo es la democracia económica: el poder se organiza desde las personas (bajo el principio de “una persona, un voto”) y desde sus estatutos, y no según la cantidad de capital aportado. Ahora bien, una cooperativa no se sostiene solo con voluntad; requiere gobernanza y gestión. La ley establece una estructura mínima y funciones específicas. En términos simples, la Asamblea General define el rumbo; el Consejo de Administración formula los planes de desarrollo y de gestión; la Junta de Vigilancia ejerce el control interno y la fiscalización; y la gerencia ejecuta mediante metas, presupuesto y un sistema de control interno.
En el ámbito económico-tributario, las cooperativas cuentan con un régimen especial. Su rasgo distintivo es que no tributan sobre utilidades, sino sobre los excedentes, una vez cumplidas las obligaciones correspondientes. Además, las operaciones con socios, a diferencia de las realizadas con terceros, se encuentran exentas de impuestos. A ello se suman beneficios relevantes, como la exención total de timbres y estampillas y una exención parcial de contribuciones e impuestos fiscales en operaciones con socios, lo que vuelve crítica la trazabilidad contable. Asimismo, la ley exige destinar un 2% a la provisión para devolución de cuotas y un 18% a la reserva legal, de carácter acumulativo mientras exista la cooperativa.
En Chile, según el informe de la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía, a enero de 2025 las cooperativas vigentes y activas alcanzaron 2.104 organizaciones, ubicadas preferentemente en la zona centro del país, con un crecimiento interanual de 12,9%. El rubro con mayor presencia es servicios (35,7%), seguido por producción y trabajo (23,5%) y el sector agrícola (12,5%). En membresía, el cooperativismo reúne a 2.158.440 socios, con una distribución de 50,6% mujeres y 49,4% hombres. Este universo se concentra de manera significativa en el sector servicios, que agrupa 752 entidades y reúne el 95,3% del total de socios. En la Región de Ñuble, de acuerdo con el mismo informe, se registran 45 cooperativas, con más del 50% en servicios y un total de 79.932 socios.
En conjunto, estos antecedentes sostienen una idea central: la cooperativa no se reduce a una “figura legal”, sino que constituye una infraestructura social que habilita coordinación, construye escala y aporta estabilidad para atender necesidades productivas y de bienestar en el territorio.
Para Ñuble, el cooperativismo resulta especialmente pertinente. De acuerdo con el INE, la región presenta un 30,6% de población rural y según el Ministerio de Agricultura, concentra el 9,6% de la superficie nacional dedicada a cultivos. En una matriz agroalimentaria como la regional, coordinar oferta, estandarizar calidad y financiar inversiones es decisivo para la competitividad. En este contexto, cooperar no es una consigna: es una estrategia de escala, productividad y resiliencia.
Víctor Díaz López
