Durante la pandemia, quedó en evidencia que la conectividad digital es mucho más que una herramienta tecnológica: es una condición esencial para el acceso a la educación, el trabajo remoto, la información oportuna y los servicios básicos. Mientras las actividades presenciales se detenían, internet permitió sostener la continuidad educativa, el funcionamiento de empresas, la atención en salud y la interacción social. Sin conexión, millones de personas habrían quedado completamente aisladas. Esa experiencia reforzó la necesidad de avanzar hacia un modelo más equitativo, seguro y universal.
Chile lidera el acceso a internet en América Latina, con un 96,5 % de los hogares conectados, según la Undécima Encuesta de Usos y Acceso a Internet de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Este dato, bastante superior al promedio regional del 78%, refleja el avance que el país ha logrado en conectividad digital en la última década.
Sin embargo, este progreso no ha sido igual en todo el territorio. La región de Ñuble, por ejemplo, presenta una cobertura en el 87 % en hogares, ubicándose entre las tres regiones con menor nivel de acceso. La brecha se acentúa en sectores rurales y en hogares con predominancia de personas mayores, donde el 21 % no tiene conexión a internet.
Estos datos, más allá de cifras técnicas, revelan una brecha digital que afecta las oportunidades de educación, trabajo, acceso a servicios y participación social. En un contexto donde la digitalización cruza casi todas las dimensiones de la vida cotidiana, contar con una conexión estable, asequible y de calidad ya no es un lujo: es una necesidad.
En este sentido, la Ley N°21.634, que establece a internet como un servicio público de telecomunicaciones, constituye un avance fundamental. Su objetivo es garantizar que toda persona, sin importar su lugar de residencia, tenga derecho al acceso a internet en condiciones adecuadas de calidad, continuidad y velocidad mínima. Esto representa un cambio de enfoque: de ver internet como un bien comercial a entenderlo como un servicio esencial para la vida moderna, tal como el agua, la luz o el gas.
Uno de los principales beneficios de esta ley es que permite generar obligaciones más claras para los proveedores de servicios, especialmente en cuanto a cobertura, calidad técnica y atención al usuario. Asimismo, facilita la implementación de programas de subsidio, inversión en infraestructura en zonas apartadas y promoción de la alfabetización digital. Todo esto resulta clave para reducir las brechas actuales, como las que afectan a Ñuble.
Actualmente, la ley está en proceso de implementación y aún faltan algunos reglamentos específicos que definan estándares técnicos, criterios de fiscalización y mecanismos de garantía de acceso. Completar este proceso permitirá que los beneficios de la norma lleguen de forma concreta a las regiones con menor conectividad.
La transformación digital no se trata solo de tecnología, sino también de equidad territorial. Asegurar el acceso a internet como un servicio público es una herramienta potente para lograr una inclusión real y sostenible. La región de Ñuble tiene mucho que ganar cuando estas políticas se traducen en acciones concretas.
Paola Zerega Tallia
