Hace aproximadamente un mes que se inició de manera oficial el ajuste en la tarifa de la energía eléctrica en nuestro país. Seguramente ya ha notado un incremento sustancial en el monto de la última boleta de luz de su hogar. Sin duda, esta medida tiene un impacto directo en los bolsillos de los consumidores y ha inquietado a las autoridades, que, en un esfuerzo por tratar de paliar este incremento en la población más vulnerable del país, ha propuesto ayudas a través de subsidios.
Este incremento, que golpea duro el bolsillo de todas las familias del país, no pudo haber llegado en una peor fecha, como lo es en pleno invierno y con sucesivas olas de frío. Así, cinco años de tarifas eléctricas congeladas y algunas leyes posteriores que mantuvieron el valor del servicio eléctrico sin alteraciones, más las fluctuaciones internacionales del mercado energético de los últimos años, sumado a una deuda millonaria estatal con las empresas generadoras, hicieron insostenible el congelamiento de cuentas por más tiempo.
Un elemento de gran relevancia que derivó en el congelamiento de cuentas fueron las protestas del 2019. Durante el segundo mandato del fallecido expresidente Sebastián Piñera, se fijó un mecanismo de precios estabilizados al cliente, que permitió congelar los precios de la luz de manera temporal y revertir un aumento del 9,2%. En esta instancia, se fijó que el Estado podía tener una deuda máxima con las compañías eléctricas por 1.350 millones de dólares, descongelándose el precio en diciembre de 2020. El costo, en teoría, sería asumido por las empresas de la industria eléctrica, para luego ser pagado por el Estado.
Sin embargo, la pandemia y el alza en el costo energético acentuada por el crecimiento sostenido de la electromovilidad y la transición a energías renovables, además de algunas dificultades en la propia aplicación de la ley, derivaron en que la deuda pactada por parte del Estado creciera hasta la cifra de 6.000 millones de dólares. Dentro de las medidas de la actual administración gubernamental, desde mayo se ha venido insistiendo a través de proyecto de ley la implementación de un nuevo techo de deuda con las compañías eléctricas, extendiendo también el plazo de pago en ocho años. Lo que finalmente se aprobó fue una norma que busca regular el precio de la electricidad, pactándose el valor que derivó en el alza que ya hemos experimentado en nuestras boletas, inclusive desde junio, llegando hasta un 60% a 2025. El aumento seguirá un esquema escalonado y se aplicará por distintos tramos de consumo con base en información histórica y de acuerdo con la región donde se localizan los hogares.
El desafío ahora radica en encontrar soluciones a largo plazo que equilibren las necesidades económicas de las familias con las exigencias del mercado energético. Es fundamental que las políticas públicas no sólo aborden los subsidios temporales, sino que también fomenten la inversión en infraestructuras sostenibles que apoye a nuestra actual configuración de matriz energética. Por ahora, no nos queda más alternativa que buscar formas de optimizar el consumo y contribuir a un uso más eficiente de la energía eléctrica.
Mauricio Oyarzo Aguilar
