En las diversas iniciativas legislativas de los últimos años, exitosas o no, se ha ido consagrando la idea del deber que tiene la sociedad de contribuir al gasto público, pagando debidamente los impuestos para financiar servicios públicos esenciales como la educación, la salud, la infraestructura, seguridad previsional y social, en pos de una mejor calidad de vida.
¿Se ha preguntado alguna vez cuál sería nuestra situación hoy en materia social, en igualdad, equidad, transparencia fiscal, o derechamente en educación, salud, vivienda, pensiones, seguridad, si todos fuésemos conscientes de nuestra responsabilidad tuviésemos tributaria y relacionaramos el bienestar común con el deber compartido de contribuir con el gasto público?
Hoy tenemos ya aprobada una nueva ley de cumplimiento tributario, pendiente de promulgación cuyo objetivo es el financiamiento de las pensiones y fortalecer la seguridad pública, esta última, a través de la prevención del delito, el combate al crimen organizado y la eficacia de la administración de justicia. En este sentido, hay diversas acciones que avanzan en la misma dirección, como la Ley 21.632 que fortalece la legislación en materia de contrabando, proyecto en trámite vigente, y que crea una Subdirección de Inteligencia Económica y Prevención del Crimen Organizado, entre otras iniciativas que buscan impactar la informalidad y la obtención ilícita de financiamiento de organizaciones que actúan fuera de la ley.
A su vez, el Servicio de Impuestos Internos (SII), el 11 de septiembre de 2024, crea la Oficina de Crimen Organizado con el fin de combatir las actividades ilícitas de mayor complejidad y la evasión de impuestos por esta vía. Las funciones de esta nueva oficina serán, entre otras, identificar y monitorear sectores de riesgo; planificar, diseñar y coordinar acciones de prevención y detección de eventuales delitos, y colaborar en su quehacer con los demás organismos públicos.
Lo anterior es una excelente noticia, ya que nuestra autoridad legislativa viene haciendo cambios estructurales importantes, como la creación de la Fiscalía especializada en crimen organizado en 2003 o la implementación de la Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis. También se han fortalecido, en la última década, los mecanismos de control contra un crimen organizado cada vez más evolucionado, robusteciendo la interacción entre las unidades especializadas del Estado. Lamentablemente, esto ha generado un sistema aún más corrupto.
No puedo dejar de mencionar que tal vez leyes como estas habrían anticipado la llegada a Alcatraz de Alphonse “Al” Capone, memorable criminal de Chicago en la década de 1920 en Estados Unidos, quien a pesar de cargar con incontables muertes a sus espaldas, terminó sentado en el banquillo de los acusados por el delito de 22 casos de evasión de impuestos y condenado a once años de prisión. Mención especial a Eliot Ness, el agente que logró llevar a Capone a la justicia formando un equipo, Los Intocables, luego de una exhaustiva evaluación de selección entre agentes de la policía y del tesoro que no estuvieran involucrados en la corrupción reinante de la época.
Claudia Garcés Moraga
