Hace un mes, la Comisión asesora de descentralización y desarrollo regional, creada en abril de 2014, entregó a la presidenta su informe con la hoja de ruta para descentralizar el país, promover el desarrollo regional y probablemente impulsar, como pocas medidas, el tránsito a un status de país desarrollado.
La propuesta es ambiciosa, qué duda cabe: A través de 70 medidas se pretende la descentralización política, administrativa, económica y fiscal. En la dimensión política, se plantea entre otras cosas, la elección popular de los intendentes a partir del año 2016, lo que cambiaría el sistema de distribución de poder en el país y obligará a privilegiar los intereses de cada región. Para ello es necesario previamente habilitar un marco constitucional y traducir las propuestas en leyes.
La dimensión económico-financiera requerirá promulgar una ley de rentas regional, que permita a los territorios tener mayor poder de decisión respecto a su presupuesto y dejar parte de la riqueza en las mismas regiones donde las empresas desarrollan su actividad productiva. Asimismo, la propuesta contempla el fomento a la competitividad, estimulando el esfuerzo local, a través de la creación de una CORFO regional y, lógicamente un necesario traspaso de competencias para hacer operativo el proceso.
En caso de lograrse los consensos políticos que apoyen este gran cambio, será muy interesante observar cómo se abordarán los desafíos a nivel regional, cuyo éxito dependerá de varios factores. En efecto, implica no solo gestionar con responsabilidad los mayores recursos económicos, sino reinvertirlos, fortaleciendo o diversificando la matriz productiva, lo que a su vez depende de la calidad de las empresas existentes, de la capacidad de establecer y poner en funcionamiento un sistema local de ciencia y tecnología, de la infraestructura, del sistema financiero, de la calidad de sus servicios públicos, así como la diversidad de sus recursos naturales.
Pero eso no es todo, según Boisier, para impulsar el desarrollo endógeno, se requiere además, gestionar el propio desarrollo social, fomentando relaciones de confianza entre los actores, impulsando una cultura productora de identidad territorial y aprovechar el stock de activos intangibles, principalmente el capital humano calificado disponible.
Pese a lo extremo del desafío, es posible atisbar grandes probabilidades de éxito de la propuesta por varias razones: Primero porque hay consenso de los potenciales beneficios, lo señalan organismos y expertos nacionales e internacionales de distintas disciplinas. Segundo, hay un apoyo político transversal. Tercero, porque existe evidencia de países que han transitado exitosamente a un mayor empoderamiento regional; y cuarto, porque finalmente los ciudadanos se están dando cuenta que vivir en un país altamente centralizado afecta negativamente su calidad de vida y sus oportunidades de lograr un mejor desarrollo humano.
Para crecer con equidad y justicia es necesario (instrumentos de política adecuados mediante), impulsar la regionalización, ya que finalmente la inequidad territorial es desigualdad social.
Macarena Dávila V. Académico Escuela de Administración y Negocios, Universidad de Concepción.
