Cuando se analiza la situación general del planeta, de nuestro país y en particular de nuestra región, nos damos cuenta de la existencia de olas de calor, sequías, incendios forestales, lluvias intensas con isoterma cero alta y todos los fenómenos que provocan pérdidas de biodiversidad, pérdidas de bosques, degradación del hábitat, extinción de especies, disminución de agua, reducción en los rendimientos de cultivos, entre otros muchos efectos. Todo lo anterior asociado al cambio climático provocado por acción humana y que se manifiesta con fenómenos meteorológicos extremos y de mayor intensidad.
Esta situación se ha manifestado con más fuerza en los últimos años, provocando sobreconsumo de los recursos naturales, polución y daño permanente en tierra, aire y mar. Además, todo se ve agravado por las guerras declaradas en los últimos meses, que aun cuando no se encuentran en nuestro continente, nos afectan de sobremanera por tratarse de un mundo globalizado y muy dependiente del comercio exterior. Es necesario recordar que nuestro país importa casi un 50 % de los cereales y legumbres que se consumen internamente, lo que representa una alta vulnerabilidad ante perturbaciones en los mercados internacionales de alimentos.
Bajo este escenario, es muy poco razonable que no tomemos decisiones ahora sobre la importancia de la producción nacional, en particular con la producción agroalimentaria. Los primeros que deberían generar los cambios para anticiparnos a los futuros acontecimientos deberían ser las autoridades, realizando la gestión y asignación de los recursos para aumentar la producción agroalimentaria, entendiendo que para dicho aumento es fundamental el recurso hídrico. Es aquí donde proyectos que ayuden a solucionar los efectos de la escasez del recurso hídrico son muy importantes, necesarios y prioritarios. No se puede entender que un proyecto que asegure el agua para riego a 60.000 hectáreas en la región de Ñuble, como es el embalse Punilla, tenga más de 100 años en espera y que todavía esté con dudas su ejecución y nuevamente se postergue la licitación por 8 meses más, iniciada el año 2021.
Está claro que existen organizaciones, principalmente de vecinos del sector de emplazamiento, ambientalistas y protectores del Río Ñuble que, con legítimo derecho, exigen ser tomados en cuenta en las decisiones y esperan que no se vean vulnerados sus derechos. Sin embargo, un proyecto de esta envergadura que trae muchos beneficios también acarrea inconvenientes. La idea es armonizar a todos los involucrados y que se adopte una solución que satisfaga, en la medida de lo posible, todas las legítimas posturas.
Nuevamente, es responsabilidad de las autoridades generar los puntos de encuentro que, persiguiendo el bien común de la comunidad, protejan los intereses de cada uno de los grupos involucrados, la protección del medio ambiente, aseguren la calidad de vida de la población y permitan anticiparnos al cambiante mundo que hemos generado. A su vez, es muy importante que todos los involucrados puedan ceder en sus posturas, haciendo que éstas sean razonables y que no representen un obstáculo insalvable para el proyecto.
Ricardo Pérez Tirapegui
