Nuestro país es una economía pequeña y abierta. Los principales motores del crecimiento son las exportaciones, el consumo y la inversión. Las exportaciones siguen el ciclo económico global. El consumo interno no es capaz por sí mismo de expandir la producción y la inversión, depende de la rentabilidad de las oportunidades de negocios, así como, de las reglas del juego (ámbito regulatorio). En este último punto, el Gobierno presentó este 10 de enero dos proyectos de ley: el “Sistema Inteligente de Permisos” y la “Evaluación Ambiental 2.0” con la finalidad de reducir en más de un tercio los tiempos totales de tramitación (lo que llamaremos permisología).
La permisología de las inversiones se refiere a la abundancia de trámites y retrasos asociados con la obtención de permisos que no sólo desaceleran la inversión, sino que también son capaces de disuadir a individuos o empresas de invertir, especialmente considerando los costos involucrados. Algunos ejemplos: una desaladora se demora once años en su total tramitación; el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile (CMN) paralizó por cuatro años la construcción del Hospital Salvador-Geriátrico de Providencia por el hallazgo de unas vasijas de cerámica; la búsqueda de hallazgos arqueológicos en las obras de las líneas 3 y 6 del Metro le costó al fisco $56 millones de dólares; y la concesión de hospitales red Los Ríos-Los Lagos contiene cuatro proyectos detenidos por el CMN. El riesgo que asumen los empresarios en realizar estos megaproyectos es que si en las obras son encontrados restos arqueológicos, su extracción es de costo del adjudicatario del proyecto.
Las acciones que son propuestas por el ejecutivo en esta materia comprenden el recorte en un año de los permisos sólo con la disolución del Consejo de Ministros y los Consejos Regionales. De esta forma, se intenta disminuir la discrecionalidad política para fortalecer la argumentación técnica, aunque cada servicio puede hacer lo suyo. Además, se crea una nueva institucionalidad que no solicitará nuevos permisos, y que será la encargada del control de plazos. En otro punto, en términos de impacto, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) menciona que un tercio de los proyectos son retrasados por el CMN. Lo interesante de esta situación es que se consultó al CMN por el catastro y destino de los hallazgos arqueológicos y confesaron no tener tal registro. Es decir, se retrasan o paralizan proyectos, pero no se saben dónde están y en qué condiciones se encuentran. La CNEP menciona además que sólo diez profesionales evalúan anualmente en Santiago más de 1.300 solicitudes de intervención arqueológica. Por lo anterior, sorprende que el proyecto de ley que impulsa el ejecutivo no toque al CMN. Así, los grandes beneficiarios de este proyecto de ley son las empresas pequeñas donde se reemplazan ciertos permisos por declaraciones juradas.
Para terminar, preocupante es la no existencia de un control y correspondiente sanción en caso de incumplimiento, que asegure el acatamiento de plazos de pronunciamiento de servicios esenciales para materializar inversiones, ya que la nueva institucionalidad no tendrá atribuciones para sancionar los atrasos en servicios. ¿Qué puede salir mal?
Víctor Díaz López
