La inversión pública es un pilar fundamental para el crecimiento y el bienestar de una nación. En el caso de Chile, esta inversión se estructura en diferentes categorías, según su origen y gestión. A través del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social, podemos analizar cómo se distribuyen y gestionan estas inversiones en las regiones del país. Las inversiones públicas en Chile se dividen en tres categorías principales: Inversión Sectorial (IS), Inversión Regional (IR) y la Inversión Municipal (IM).
Un análisis de estos datos revela la centralización de la inversión pública en Chile. Entre 2001 y 2022, aproximadamente el 65% de la inversión pública realizada en las regiones proviene de decisiones a nivel central. Incluso si separamos por décadas, esta centralización se ha incrementado pasando de un 63% a un 68%. Este hecho muestra la influencia significativa que ejerce el gobierno central en la asignación de recursos para proyectos en las regiones, lo que puede tener implicaciones importantes en términos de desarrollo regional y equidad.
Para ponerlo en contexto, en promedio, los gastos subnacionales en Chile representan solo el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 13% del gasto público, en comparación con el promedio de la OCDE, que es del 17% y 40%, respectivamente. Además, la inversión municipal chilena representa el 12% de la inversión pública, ubicando al país en el último lugar entre los países de la OCDE en este aspecto. Esto refleja un acceso limitado de los gobiernos subnacionales a sus propios ingresos y una dependencia de transferencias gubernamentales destinadas a sectores específicos.
La literatura contemporánea en economía política y desarrollo sugiere que una estrategia efectiva es descentralizar la inversión pública, otorgando a las autoridades locales un papel más significativo en la toma de decisiones. Esto puede ser beneficioso siempre que exista un marco legal sólido para prevenir la corrupción y asegurar la transparencia en la gestión de los recursos. La descentralización, al empoderar a las autoridades locales, permite que los proyectos se alineen de manera más efectiva con las necesidades y demandas de la población local. Esta cercanía con las prioridades locales no solo podría contribuir a una mejora en el desempeño económico de las regiones, sino que también fortalecería el sentido de pertenencia y participación de las comunidades en la toma de decisiones que afectan directamente a sus vidas.
En resumen, la descentralización de la inversión pública en Chile se presenta como una estrategia que no solo podría fomentar un desarrollo más equitativo y armónico en el país, sino que también tiene el potencial de empoderar a las comunidades locales. Al dar a las autoridades regionales un papel más protagónico en la toma de decisiones, se puede impulsar el bienestar de las personas y promover un desarrollo sostenible que refleje de manera más precisa las necesidades específicas de cada región. Esto no solo beneficiará a las comunidades locales, sino que también contribuye a la necesaria desconcentración de la Región Metropolitana que peligrosamente alberga al 40% de la población del país en tan solo el 2% de la superficie nacional.
Roberto Herrera Cofré
