El proyecto de ley de reforma tributaria ha sufrido diversas modificaciones desde su propuesta tendientes a conseguir acuerdos entre las bancadas políticas claramente distantes. El pasado 8 de abril el ministro de Hacienda Felipe Larraín presentó un conjunto de reformas al actual proyecto, una serie de medidas compensatorias progresivas por un total de US$471 millones. De este monto, se obtendrán US$106 millones al limitar el beneficio del IVA a la construcción,US$52 millones por tributación de los rescates de seguros de vida con ahorro, US$177 millones por el beneficio de 1% de inversión en regiones, US$56 millones al limitar el uso del “market marker” y US$80 millones a través de la modificación de los umbrales de la norma que grava las ganancias provenientes de operaciones en el extranjero. A su vez se establecieron otras medidas que compensarían la reintegración del sistema tributario, como normas antielusión para retiros desproporcionados en relación con la participación en la sociedad, además la eliminación de la exención de contribuciones de los predios forestales exceptuando bosques nativos, última medida que beneficiaría directamente a los municipios.
A pesar de los intentos del ministro de Hacienda por defender el proyecto, la controversia y las críticas se han hecho sentir tanto al interior del Congreso como en la opinión pública. Se ha puesto en tela de juicio la real finalidad de modificar nuevamente la norma tributaria, desintegrada en parte por la administración anterior para volver a un sistema tributario integrado similar al antiguo modelo de los años 80. Los argumentos utilizados por el Gobierno evocan razones como incentivos al ahorro e inversión y la generación de empleo, lo cual no se encuentra completamente asegurado en un país con una economía completamente abierta y con niveles de desigualdad que nos posiciona entre los diez países mas desiguales del mundo según las últimas cifras reportadas por el del Banco Mundial.
En términos de finanzas públicas la reforma tributaria no tendría los impactos esperados. Según lo señalado por el Instituto de Finanzas Públicas la propuesta de permitir que las pequeñas y medianas empresas (PYME) puedan mantener su contabilidad simplificada disminuiría de forma significativa los ingresos de los municipios, perjudicando directamente a las municipalidades que cuentan con una menor capacidad de recaudación de impuestos. En particular, la reforma afecta el mecanismo a través del cual se calculan las patentes municipales, mermando así los ingresos locales en cerca de US$62 millones. Este impacto negativo es aun más preocupante, puesto que el aporte de las patentes municipales junto al impuesto territorial sobrepasa el 50% de los Ingresos Propios Permanentes de los municipios. Además, la eventual merma en el aporte que realizan las municipalidades más ricas del país al Fondo Común Municipal en términos redistributivos, lo que ahondará en mayor medida las brechas existentes entre los municipios en términos de provisión de bienes públicos.
Mauricio Oyarzo Aguilar
