El pasado mes de agosto de 2018 entró en vigencia la ley No. 21.100, que “prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional” (Ministerio del Medio Ambiente, 2018). Si bien esta ley constituye un primer intento por hacer frente a la generación indiscriminada de residuos de plástico y sus consecuencias en el medio ambiente y la salud de las personas, su puesta en marcha ha requerido de un cambio cultural para el que el país no estaba preparado. Un ejemplo de ello se encuentra en la encuesta nacional del medio ambiente correspondiente al año 2018, que revela que si bien el 95% de los entrevistados afirma estar a favor de esta prohibición, solo un 66% de ellos declara llevar consigo una bolsa reutilizable.
Debido a la divergencia que existe entre las percepciones y las acciones de los individuos, es muy probable que alguna vez hayamos presenciado la siguiente escena: ¡Se me olvidó la bolsa!, a lo que se responde: “Tenemos a la venta bolsas reutilizables por $x”. Esta situación genera molestias a los individuos, quiénes a menudo se preguntan ¿por qué está prohibido el uso de las bolsas más no su venta? ¿Deberíamos pagar por el uso de bolsas plásticas? La teoría económica entrega las anheladas respuestas a estas preguntas.
Antes de comenzar, debemos convenir que el consumo de plástico -especialmente de uso único- produce efectos no deseados en el medio ambiente (ej. contaminación del océano y de especies marinas debido a su ingesta), lo que se denomina externalidad negativa. Para revertir estos efectos no deseados existen tres tipos de instrumentos de política. El primer grupo lo constituyen las políticas coercitivas –o garrote-, que consisten principalmente en prohibiciones y castigos al comportamiento indeseado. En el caso de la contaminación por plástico, este instrumento ha sido aplicado exitosamente en 14 países, siendo Argentina y Chile –a través de la Ley 21.100- los representantes de la región. El segundo grupo de instrumentos son los incentivos económicos –o zanahorias-, los cuáles desincentivan el comportamiento inapropiado a través de impuestos y cargos; un ejemplo de ello es el impuesto a las bolsas plásticas, que fue introducido por primera vez en Dinamarca en 1993, y que fue adoptado posteriormente en Irlanda, Sudáfrica, Colombia, Portugal, entre otros países. En algunos países se ha implementado una combinación de prohibiciones e impuestos, como es el caso de China y Argentina. El tercer grupo de instrumentos son las políticas informacionales –o sermones-, los cuales tienen como objetivo entregar retroalimentación a las personas con relación a las consecuencias de sus acciones, con el objetivo de incentivar un cambio voluntario en su comportamiento. Programas de este tipo han generado un gran impacto en la concientización de niños y jóvenes en Estados Unidos y Europa en relación a la contaminación por plástico, por lo que tienen el potencial de producir efectos a largo plazo.
Ahora que conocemos las posibles soluciones a esta problemática, podemos entender que cada vez que adquirimos una bolsa reutilizable en un comercio estamos pagando el costo de olvidar nuestra propia bolsa. Si hoy va a comprar, no olvide su bolsa llevar.
Marcela Jaime Torres
