Las sociedades evolucionan, qué duda cabe. Muestra de ello es que hoy, ya no es aceptable el ejercicio del poder por el sólo hecho de ostentarlo, también hay que saber usarlo. Es lo que ha sucedido en el poder judicial en el último tiempo, una institución de la cual se espera ecuanimidad e imparcialidad, pero que lamentablemente ha visto como algunos de sus funcionarios, están siendo cuestionados por abusos de poder en contra de sus propios colaboradores.
Algunos ejemplos recientes: en el Tercer Juzgado del Trabajo de Punta Arenas se comprobó “menoscabo laboral, acoso y hostigamiento” hacia un administrador, por parte de una Jueza. En Melipilla, un juez del Tribunal Oral deberá indemnizar a cinco funcionarias por acoso sexual. En la Corte de Apelaciones de nuestra ciudad, un alto funcionario ha sido acusado de acoso y abandono de deberes. Y no sólo en el Poder Judicial han salido a la luz este tipo de situaciones. En 2016 el CDE de Chillán debió indemnizar y pedir disculpas públicas por la reprochable conducta de una funcionaria hacia otra colaboradora. La Fiscalía Local también ha sido cuestionada por acoso laboral.
Este fenómeno, tipificado en el Código del Trabajo, corresponde al asedio que experimenta un trabajador cuando es sujeto de agresión u hostigamiento reiterados, ya sea de parte de sus superiores y/o pares, resultando en maltrato y humillación para el afectado. Afortunadamente el Estado ha mostrado una preocupación por el tema, que se ha concretado a través del instructivo presidencial de Buenas Prácticas Laborales (2015), que en uno de sus ejes principales, busca generar ambientes laborales basados en el respeto y buen trato. Además, existen instrumentos específicos como la Ley 20.607 (prevención y sanción del acoso laboral), que junto a los estudios de clima y el Protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo, constituyen valiosas herramientas para enfrentar estas situaciones.
Así, las instituciones públicas y el Poder Judicial en particular (gran iniciativa “Acaso es acoso”), sí se están haciendo cargo de estas acusaciones. En este sentido, se valora el hecho que estén cada vez más atentos en volcar la mirada hacia adentro (lo cual es siempre difícil), supervisando su propio actuar en lo que es su principal rol: Defender el derecho de las personas y repudiar prácticas que son contrarias a la dignidad de las mismas.
El camino de las víctimas es largo y estresante, ya que no sólo deben demostrar que están viviendo una situación de menoscabo (que dura a veces años, ya que el acosador logra hacer sentir culpa a la víctima). Lo difícil de la situación, es que muchas veces el o la acosadora, cuenta con un grupo cómplice, que por temor, conveniencia o desidia hace “vista gorda”. Por eso es fundamental que las personas que ocupan cargos en instituciones tan complejas, cuenten con equipos de apoyo para detectar estas patologías organizacionales, se atrevan a enfrentar estas situaciones y tomen acciones, no sólo por la dignidad de sus propios funcionarios, sino porque son un referente para otras organizaciones. Una sociedad moderna merece y espera que, en estos casos, no se aplique el chilenismo “en casa de herrero…”.
Macarena Dávila Vera
