El desenlace del proyecto a la reforma del sistema previsional que está proponiendo el Ejecutivo, en el ocaso ya de su gestión, se ve poco auspicioso y es probable que quede sólo en eso, un proyecto. No sólo por el factor tiempo, que al Gobierno ya se le acaba, sino porque hay otros aspectos que le juegan en contra. En primer lugar, es muy fácil “sacarle partido” a la vulneración del derecho a la libertad de escoger, ya que la propuesta presentada plantea limitar la opción de los cotizantes de realizar movimientos entre multifondos, considerando la relación riesgo del mismo y edad del imponente. Es decir, cuando esté a 20 años de jubilarme no podré estar en los fondos de más riesgo (y más rentables).
En segundo lugar, el aumento de la cotización del 10% al 15% que plantea la reforma, es financiado por el empleador en su totalidad. Todo aumento de inversión o gasto tiene que ser pagado por alguien, pero no todas las empresas tienen la misma realidad y no todas pueden hacer frente “de buenas a primeras” a esta nueva obligación. Por lo tanto, es esperable la polémica que ya ha comenzado a generar esta iniciativa legal que afectará principalmente el bolsillo de las Pymes.
En tercer lugar, es muy loable el proponer la creación de una nueva figura burocrática sin fines de lucro (Consejo de Ahorro Colectivo), de forma de compensar, al menos en imagen, lo que hoy hacen las AFP. Pero esto igualmente implicará costos para los afiliados, y si la idea es optimizar y tener mayores pensiones, se deja entrever una gran incoherencia.
Por último, pese a todos los aspectos positivos que busca la reforma, como son: mejorar pensiones actuales y futuras incrementando la solidaridad de sistema, equiparar las pensiones de mujeres respecto a la de los hombres bajo iguales condiciones de jubilación, involucrar el bolsillo de los gerentes de las AFP para que compartan el riesgo, entre otras, éstas se ven anuladas luego de los anuncios provenientes ¡del propio Gobierno! respecto de los efectos que podría tener la reforma. Tal cual, el Ministerio de Hacienda y del Trabajo presentaron en el denominado “informe de productividad” anexo a la propuesta, un detalle de los potenciales costos de la misma. Entre otras cosas se “advierte” que se comprometerían hasta casi cuatrocientos mil empleos al reducirse éste en un 7,45%, además de disminuir los salarios líquidos y el ahorro privado. En resumen, el golpe de gracia a esta propuesta tan esperada por la gran mayoría de los chilenos.
Pueden hacerse diversos análisis técnicos, económicos y políticos, a corto, mediano y largo plazo, respecto de lo buena o mala que puede ser la propuesta incluida en tres proyectos de ley. Pero lo que ha hecho el propio Gobierno a través de Hacienda y Trabajo, aunque se disfrace de transparencia, eficiencia u otro calificativo elegante es, en definitiva, directamente un boicot a un anhelo de la mayoría de los ciudadanos de este país.
