El contexto histórico de este tema que abordaré nos remonta a 1989, con el derrame de millones de litros de petróleo de la empresa Exxon Valdés en Alaska, tragedia que impulsó la creación del Global Reporting Initiative (GRI). Más tarde, en 2015, la ONU estableció la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en 2019 nace la norma GRI 207 que señala que los impuestos desempeñan un papel vital en la consecución de los ODS y son un mecanismo clave mediante el cual las organizaciones contribuyen a las economías de los países en los que operan” (www.globalreporting.org ).
Así, la norma GRI 207 es un estándar único en su tipo que fomenta la divulgación pública en materia de impuestos y es obligatorio desde 2021 para quienes la adoptan.
Actualmente, en Chile se avanza. Hablar de sostenibilidad tributaria ha cobrado un protagonismo inédito, a partir de la publicación de la ley Nº21.713, en octubre del año 2024, conocida como “Ley de cumplimiento tributario”. Esta normativa, inspirada en estándares internacionales, amplía la noción del buen comportamiento en materia de impuestos y la transforma en un sistema integral de gestión fiscal.
Este concepto no se trata tan sólo de correcto cumplimiento tributario, sino que nos invita a diseñar o definir verdaderos sistemas integrales al interior de las empresas, que contribuyan a la mejor y mayor gestión tributaria, administración de riesgos integral y responsabilidad con los tributos. Al mismo tiempo, nos convoca a comprometernos con la transparencia y la gobernanza en estas materias, como es por ejemplo, la divulgación de las políticas fiscales adoptadas, y su seguimiento.
La mencionada Ley Nº21.713 incorpora en el código tributario, en el Artículo 8, nº18, inciso 1°, la definición de sostenibilidad tributaria, como “el conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”. Estableció, además, la posibilidad de obtener una certificación anual de sostenibilidad, que no es otra cosa que acreditar que la empresa, o el contribuyente, alinea sus operaciones y estrategias fiscales con este nuevo enfoque. Dicho sea de paso, por ahora es voluntario.
¿Y cuáles son sus beneficios? Según la literatura especializada, aporta certeza jurídica, refuerza la transparencia, previene riesgos y fortalece la reputación institucional, pero, lo que nos preguntamos hoy en el mundo tributario, es, sobre todo en regiones, ¿es viable esto para las pymes?
Sin duda representa un desafío, debido a que es un proceso que requiere tiempo, recursos y asesoría especializada, que en regiones puede ser escasa, pero también se presenta como una oportunidad estratégica. Contar con esta certificación no sólo valida el correcto cumplimiento tributario, sino que otorga reconocimiento ciudadano, fortalece la confianza de clientes y proveedores y proyecta el compromiso auténtico de la empresa con el desarrollo sostenible y la prevención de la corrupción.
Con esto, las Pymes pueden transformarse en actores socialmente responsables y confiables, capaces de construir redes comerciales más sólidas y asegurar su crecimiento consistente y de largo aliento.
Claudia Garcés Moraga
