Chile es una economía especialmente sensible a las señales que envía a quienes arriesgan capital y talento. Y no solo la inflación o el tipo de cambio: sino un factor igual de crucial, aunque poco vistoso—la burocracia—hecha de permisos, formularios y ventanillas del “vuelva mañana”. En un contexto donde necesitamos crear empleo, diversificar la matriz productiva y recuperar dinamismo, este obstáculo burocrático pesa mucho. Hoy, la evidencia disponible lo muestra con claridad.
El Índice de Burocracia 2025, elaborado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, muestra con datos comparables cómo los permisos y trámites impactan la inversión, el empleo y la productividad. Entrega resultados para 21 países (dieciséis latinoamericanos) que en conjunto representan cerca del 10% del PIB mundial. El índice mide dos dimensiones: a) el tiempo de apertura, es decir, la cantidad total de horas que una empresa mediana debe dedicar a los trámites previos para quedar habilitada legalmente; y b) el tiempo de funcionamiento, o sea, las horas anuales exigidas para cumplir todas las obligaciones administrativas necesarias para seguir operando en la formalidad.
El panorama es severo. En el primer indicador, Brasil aparece como el más rápido, con aproximadamente 35 jornadas laborales, mientras Chile exhibe la mayor carga burocrática para habilitar una empresa mediana, de 5.227 horas, es decir, cerca de 653 jornadas o casi dos años de trabajo administrativo antes de poder empezar a operar. En el segundo indicador la situación tampoco mejora. Panamá registra alrededor de 246 horas anuales, en tanto Chile alcanza 5.800 horas.
Este cuadro es desfavorable, ya que los inversionistas no miran solo la rentabilidad esperada, sino también el plazo de recuperación y la previsibilidad de los procesos. Cuando esos plazos se vuelven inciertos o excesivos, el capital migra hacia jurisdicciones más ágiles. No es casual que anuncios de grandes proyectos nacionales se hayan trasladado a Brasil, donde los permisos avanzan en calendarios compatibles con la realidad económica. Frente a esto, el debate no puede quedarse en la descripción del problema. Los gremios empresariales vienen advirtiendo que la macroeconomía ayuda, pero no basta: si no son corregidos los cuellos de botella administrativos, la inversión seguirá desplazándose. Además, la complejidad administrativa puede abrir incentivos inadecuados para “acelerar” procesos. El efecto es doblemente perjudicial ya que sube el costo de hacer negocios y se distorsiona la competencia, favoreciendo a quien puede o está dispuesto a recurrir a esos atajos.
La conclusión es clara. A nivel global, la calidad de las instituciones ha demostrado que facilita el desarrollo, impulsa el emprendimiento, facilita la inversión y disminuye los incentivos perversos. La evidencia recomienda disminuir la discrecionalidad funcionaria y tener plazos ciertos, reglas simples, y estándares exigentes. Es tiempo de desatar los nudos y volver a competir. Si Chile quiere retomar la senda del crecimiento, no hay reforma más urgente, ni más justa, que devolverle el tiempo a quienes lo convierten en valor.
Víctor Díaz López
