A partir de abril de 2026, Chile avanza en la implementación de una de las reformas laborales más relevantes del último tiempo: la reducción de la jornada ordinaria de trabajo a 42 horas semanales.
En términos prácticos, la reducción de jornada es progresiva. Pasamos de 45 a 44 horas en 2024 y a 42 horas en 2026, con miras a llegar a 40 horas en 2028. Sin embargo, el impacto real de esta modificación radica en cómo las empresas deberán reorganizar sus sistemas de trabajo.
Uno de los principales desafíos será la redistribución de la jornada. La ley permite mantener la misma remuneración, pero exige ajustar la carga horaria, lo que obliga a redefinir turnos, funciones y, en muchos casos, procesos completos. Sectores como el comercio, la construcción y los servicios enfrentarán mayores complejidades, especialmente en labores que requieren continuidad operativa o atención permanente.
A lo anterior se suma la necesidad de adaptar los instrumentos laborales: contratos de trabajo, reglamentos internos y sistemas de control de asistencia deberán actualizarse para reflejar la nueva realidad normativa. No hacerlo puede implicar contingencias legales relevantes en cuanto a horas extraordinarias o eventuales fiscalizaciones por parte de la Dirección del Trabajo.
Desde la perspectiva del trabajador, la reducción de jornada apunta a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, este objetivo no se alcanzará automáticamente. Existe el riesgo de que, sin una adecuada implementación, se intensifique la carga laboral dentro de menos horas, generando efectos contrarios a los buscados.
En esta línea, también es necesario introducir una mirada crítica. La reforma, si bien tiene buena intención, no distingue adecuadamente entre realidades productivas muy distintas. No es lo mismo aplicarla en grandes empresas con alta capacidad de reorganización, que en pequeñas y medianas empresas con márgenes estrechos y menor flexibilidad operativa. En estos casos, la reducción puede traducirse en mayores costos, presión sobre la dotación o incluso informalidad laboral.
Asimismo, la normativa descansa en un supuesto discutible: que la productividad se ajustará automáticamente a una menor jornada. Sin políticas complementarias claras, como incentivos a la modernización, digitalización o capacitación, el riesgo es trasladar el costo del ajuste exclusivamente a las empresas, sin asegurar mejoras reales en eficiencia ni en condiciones laborales.
En este contexto, la clave estará en la gestión. Las empresas que aborden este cambio como una oportunidad, incorporando mejoras en productividad, tecnología y organización, podrán no solo cumplir con la normativa, sino también fortalecer su competitividad. Por el contrario, aquellas que se limiten a un ajuste formal podrían enfrentar dificultades operativas y laborales.
En definitiva, la reducción a 42 horas no es solo una obligación legal, sino una invitación a repensar el trabajo en Chile. Sin embargo, el éxito dependerá de su correcta implementación y de la capacidad del sistema laboral para absorber sus efectos sin generar distorsiones no previstas. De lo contrario, una reforma diseñada para mejorar la calidad de vida podría terminar produciendo resultados distintos a los esperados.
Francisco González Godoy
