Según la Real Academia de la lengua española, RAE, transparencia se define como la cualidad de transparente y, a su vez, transparente, como la capacidad de un cuerpo de permitir que se vea algo a través de él. Simbólicamente, este concepto de transparencia puede extrapolarse como el valor de la información de hablar por sí misma, al servicio de una sociedad o comunidad. Lamentablemente, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, Chile ha bajado en su ranking en los últimos años.
La Ley 20.285, Ley de Transparencia Activa y Acceso a la Información Pública, promulgada en agosto de 2008 por Michelle Bachelet, establece el derecho de cualquier persona a acceder a la información que se encuentra en poder de los órganos de la administración del Estado.
En marzo de 2020 el ex presidente Sebastián Piñera robustece y vigoriza esta ley, estableciendo nuevos obligados, nuevas obligaciones y el fortalecimiento de los procesos de acceso a la información.
Estos mismos preceptos los podemos encontrar en la omnipresente necesidad de la ciudadanía de contar con instituciones, públicas y privadas, con sólidos valores de honestidad, integridad, rendición de cuentas, apertura, pilares institucionales que contribuyen con el fortalecimiento de los lazos de confianza que debería existir entre una institución y sus miembros y/o entorno.
En el segundo semestre del año 2023 estalló la crisis de las fundaciones, la cual ha tenido un profundo impacto en la sociedad chilena, provocando una ola de desconfianza en las instituciones, generando además un daño grave a la imagen y credibilidad de las fundaciones, induciendo una percepción negativa hacia las organizaciones sin fines de lucro en general, dificultando su labor y el acceso a financiamiento.
La rendición de cuentas cobra suma importancia en el contexto de la crisis de las fundaciones en Chile. Los dirigentes o directivos de estas organizaciones, quienes son los emplazados a rendir cuenta, tanto de la gestión administrativa como la financiera, son los primeros llamados a supervigilar el correcto uso y gestión de los recursos ajenos a los cuales están mandatados a administrar. Los usuarios, socios, donantes y todos aquellos miembros de dicha organización son los llamados a exigir que ese mandato de administración de recursos se ejerza de manera responsable y ética.
Una organización transparente goza de una serie de beneficios como mayor confianza, lo que a su vez puede conducir a una mayor colaboración y apoyo; mejor reputación, lo que puede atraer a nuevos donantes, socios; mayor responsabilidad de sus acciones, lo que puede conducir a una mejor toma de decisiones; y mayor legitimidad, lo que puede ayudar a aumentar la legitimidad de la organización ante la sociedad.
El poder de la transparencia es la verdad. Es el antídoto contra la corrupción y la capacidad de construir a una sociedad más justa y equitativa.
Claudia Garcés Moraga
