Un aspecto clave en la capacidad de respuesta frente a estas crisis es la desigualdad de ingresos que enfrenta cada país. Por estos días observamos, aunque a la distancia, un conflicto que ha impulsado al alza el precio del crudo. Ante ello, cada nación adopta medidas para sostener su funcionamiento. En Chile, la respuesta se ha traducido en un aumento significativo en los precios de los derivados del petróleo, particularmente bencinas y diésel. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿podrán los consumidores asumir estos nuevos costos o deberán reducir su consumo? La respuesta, como tantas veces, es desigual: algunos podrán, otros no.

En este contexto, resulta indispensable contar con información objetiva y comprender lo que revelan los datos. La desigualdad de ingresos en Chile se estima a partir de encuestas realizadas por instituciones con trayectoria. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mediante la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), entrega cifras recientes basadas en datos de 2024 y proyecciones. Según estas estimaciones, el ingreso mediano alcanza aproximadamente los $610.000 líquidos mensuales, lo que implica que la mitad de los trabajadores gana esa cifra o menos. En tanto, el ingreso promedio bordea los $900.000, valor más alto debido a la influencia de salarios elevados.

La comparación entre media y mediana permite advertir una realidad conocida: la distribución de los ingresos está sesgada hacia los valores altos. En términos estadísticos, se trata de una distribución asimétrica a la derecha, donde un grupo reducido concentra ingresos significativamente mayores, mientras la mayoría percibe montos más bajos. Otros indicadores ayudan a dimensionar esta brecha. Por ejemplo, el decil 7 se sitúa en torno a los $700.000, lo que indica que el 70% de los trabajadores recibe ese monto o menos. Asimismo, el percentil 97 se aproxima a los $3.000.000, evidenciando que solo un 3% supera ese nivel, mientras el 1% alcanza cifras muy superiores.

En paralelo, el sueldo mínimo en Chile llegó a $539.000 en enero de 2026, tras una serie de acuerdos y leyes que, entre 2022 y 2025, lo incrementaron en casi un 50% desde los $380.000.

Para comparar la desigualdad entre países se utiliza el coeficiente de variación, que relaciona la desviación estándar con el promedio. En Chile, este indicador se aproxima a 0,8, reflejando una alta dispersión salarial. En contraste, en países del norte de Europa fluctúa entre 0,3 y 0,4, lo que da cuenta de sociedades más igualitarias.

En definitiva, las crisis globales no impactan a todos por igual, porque las condiciones de base tampoco lo son. Mientras no enfrentemos con decisión las brechas internas, cualquier shock externo seguirá profundizando diferencias ya existentes. La verdadera preparación de un país no solo se mide por sus políticas de emergencia, sino por la equidad que es capaz de construir en tiempos de normalidad.

Celso Vivallo Ruz

Por casi dos décadas estos mecanismos cumplieron un rol clave en la verificación de identidad para operaciones financieras. Pero, actualmente, se requieren mayores niveles de validación para comprobar la titularidad del dueño de la cuenta o del medio de pago; más aún en un entorno donde el delito evoluciona con rapidez y creatividad.

Los sistemas de autenticación digital incorporan capas adicionales de verificación que elevan las barreras para el fraude. Sin embargo, sería un error asumir que la tecnología, por sí sola, resuelve el problema.

Muchos de los fraudes actuales no apuntan a fallas técnicas, sino a las personas: se basan en engaños, suplantaciones o descuidos que ninguna plataforma puede prevenir completamente. Por ello, la seguridad también depende del comportamiento y la información de los usuarios.

En ese sentido, la CMF no ha limitado su acción solo al ámbito normativo, sino que también ha asumido un rol activo en educación financiera, impulsando una campaña a nivel nacional orientada a fortalecer la adaptación a estos sistemas, con especial foco en personas mayores, uno de los grupos más expuestos a este cambio.

Para ello, ha articulado alianzas con instituciones académicas, municipios, centros comunales de adultos mayores y organizaciones territoriales. Destaca la relación de cooperación construida con la Escuela de Administración y Negocios (EAN) de la Universidad de Concepción (UdeC), con la que en 2016 se impulsó el primer curso electivo universitario de educación financiera y económica, vigente hasta hoy.

Esta alianza ha sido clave en las regiones de Ñuble y Biobío para fortalecer la alfabetización financiera, posibilitando además la capacitación de estudiantes, que se desplegarán en terreno para orientar a las personas respecto de las formas de autenticación digital. De este modo, la CMF fortalece la educación financiera a través de iniciativas territoriales y, al mismo tiempo, forma a nuevos agentes que amplifican estos conocimientos.

Este enfoque regulatorio y formativo da cuenta de la forma en que debe abordarse la seguridad: ya no puede entenderse solo como una cuestión de herramientas, sino de capacidades que deben desarrollarse a nivel colectivo. Lo que está en juego no es solo la adopción de nuevos sistemas, sino la forma en que las personas los comprenden y enfrentan.

La seguridad dejó de ser un problema exclusivamente técnico para convertirse en un desafío social y, en este ámbito, no existen soluciones automáticas: ningún sistema reemplaza el criterio, y ninguna innovación sustituye la educación.

El fin de los mecanismos de autenticación impresos, entre ellos la tarjeta de coordenadas, no es, entonces, un simple ajuste operativo, sino una señal más profunda. En materia de seguridad, la confianza en el entorno digital no se garantiza, se construye. Y es precisamente en esa construcción donde se da un paso decisivo hacia la madurez digital.

Marjorie Arias Parada, Alumni EAN

Analista Senior de Desarrollo de Mercado, Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

En términos prácticos, la reducción de jornada es progresiva. Pasamos de 45 a 44 horas en 2024 y a 42 horas en 2026, con miras a llegar a 40 horas en 2028. Sin embargo, el impacto real de esta modificación radica en cómo las empresas deberán reorganizar sus sistemas de trabajo.

Uno de los principales desafíos será la redistribución de la jornada. La ley permite mantener la misma remuneración, pero exige ajustar la carga horaria, lo que obliga a redefinir turnos, funciones y, en muchos casos, procesos completos. Sectores como el comercio, la construcción y los servicios enfrentarán mayores complejidades, especialmente en labores que requieren continuidad operativa o atención permanente.

A lo anterior se suma la necesidad de adaptar los instrumentos laborales: contratos de trabajo, reglamentos internos y sistemas de control de asistencia deberán actualizarse para reflejar la nueva realidad normativa. No hacerlo puede implicar contingencias legales relevantes en cuanto a horas extraordinarias o eventuales fiscalizaciones por parte de la Dirección del Trabajo.

Desde la perspectiva del trabajador, la reducción de jornada apunta a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, este objetivo no se alcanzará automáticamente. Existe el riesgo de que, sin una adecuada implementación, se intensifique la carga laboral dentro de menos horas, generando efectos contrarios a los buscados.

En esta línea, también es necesario introducir una mirada crítica. La reforma, si bien tiene buena intención, no distingue adecuadamente entre realidades productivas muy distintas. No es lo mismo aplicarla en grandes empresas con alta capacidad de reorganización, que en pequeñas y medianas empresas con márgenes estrechos y menor flexibilidad operativa. En estos casos, la reducción puede traducirse en mayores costos, presión sobre la dotación o incluso informalidad laboral.

Asimismo, la normativa descansa en un supuesto discutible: que la productividad se ajustará automáticamente a una menor jornada. Sin políticas complementarias claras, como incentivos a la modernización, digitalización o capacitación, el riesgo es trasladar el costo del ajuste exclusivamente a las empresas, sin asegurar mejoras reales en eficiencia ni en condiciones laborales.

En este contexto, la clave estará en la gestión. Las empresas que aborden este cambio como una oportunidad, incorporando mejoras en productividad, tecnología y organización, podrán no solo cumplir con la normativa, sino también fortalecer su competitividad. Por el contrario, aquellas que se limiten a un ajuste formal podrían enfrentar dificultades operativas y laborales.

En definitiva, la reducción a 42 horas no es solo una obligación legal, sino una invitación a repensar el trabajo en Chile. Sin embargo, el éxito dependerá de su correcta implementación y de la capacidad del sistema laboral para absorber sus efectos sin generar distorsiones no previstas. De lo contrario, una reforma diseñada para mejorar la calidad de vida podría terminar produciendo resultados distintos a los esperados.

Francisco González Godoy

Esta disciplina científica está presente en nuestras vidas desde que comenzamos los primeros pasos en la escuela, incluso antes, y – dependiendo de nuestros intereses – es posible que nos acompañe prácticamente toda la vida. Pero la utilidad de las matemáticas va más allá del desempeño profesional y tiene que ver en la práctica con cómo enfrentamos y resolvemos situaciones que se podrían dar, por ejemplo, en trámites tan cotidianos como cuando tenemos que evaluar alternativas respecto de un producto bancario (un crédito, si queremos ser más específicos), teniendo que decidir cuál nos conviene más. O también cuando en las noticias del ámbito de la economía oímos o leemos sobre grandes cifras que, por lo general, están expresadas en miles de millones de pesos o incluso en miles de millones de dólares y nos cuesta captar la dimensión real que tienen tales cifras. Ejemplo: ¿de qué orden es el presupuesto anual de Chile? ¿y el gasto público? ¿y el gasto anual en defensa de un país como Estados Unidos?

Para nadie es un misterio que, por motivos que no discutiremos aquí, el nivel de competencias matemáticas de la población en Chile se encuentra muy por debajo del promedio de la OCDE, que está conformado por el conjunto de países con los cuales establecemos comparaciones. Sabemos que muchas de las falencias son producto de la deficiente formación que está recibiendo el estudiantado en educación básica y media. Una prueba de ellos son los resultados de las pruebas estandarizadas nacionales como SIMCE o PAES. Para no seguir en la lógica del autoflagelo no nos referiremos a los resultados en las pruebas internacionales como TIMSS y PISA. Sin duda esta deuda del desarrollo de habilidad matemática puede tener un efecto negativo en el desarrollo general de nuestro país.

¿Por qué es importante el nivel matemático de quienes somos parte de un país como Chile? Hay estudios que demuestran la existencia de una relación directa entre dicho nivel y el desarrollo económico del país, pero tal vez más importante que eso es la relación entre dicho nivel y los valores que quisiéramos mantener en nuestra sociedad, como la democracia, la inclusión y el bien común. Para lograr que la ciudadanía tenga un buen nivel de competencias en matemática el foco debiera estar puesto en la formación de ciudadanos críticos y empoderados, capaces de tomar decisiones correctas, que impacten positivamente en su vida y en la de los demás, como lo plantea Paola Valero, reconocida especialista en educación matemática. Lo anterior representa un enorme desafío que entre todos y todas debemos enfrentar, sin importar el lugar que ocupemos en la sociedad.

Carlos Figueroa Moreno

En este contexto, día a día se puede observar cómo las grandes plataformas de venta por internet están incorporando secciones específicas para productos de segunda mano, ampliando la ya conocida categoría de reacondicionados de los departamentos de electrónica hacia moda, deporte y hogar, entre otros. Y si bien puede parecer que este negocio lo están abarcando las grandes marcas de retail, las pequeñas plataformas de e-commerce también tienen una oportunidad de entrar en este mercado con bajo riesgo, buen retorno y, lo más importante, en el valorado camino de la sostenibilidad.

En primer lugar, se debe evaluar el nicho local, enfocándose en categorías con demanda ya probada: moda (líder por volumen), deporte o libros y dirigiéndose a clientes jóvenes que están interesados en la economía circular. Como consejo, evitar los artículos electrónicos si no se cuenta con una certificación técnica.

Segundo, integrar procesos simples y de bajo precio. No es necesario invertir en softwares cuando muchas herramientas gratuitas, tanto de diseño como de inventario, están disponibles para llevar el control básico del negocio. Además, se pueden formar alianzas con empresas de logística local para el despacho y retiro en regiones y conseguir certificación con sellos locales como Revisa Chile, para generar confianza en el consumidor. Mejor aún, para estar en línea con la idea sustentable, se puede iniciar un plan de logística verde con despacho a locales comerciales céntricos, como cafés o gimnasios, para reducir envíos.

En cuanto a marketing, la mejor manera de conectar con el público es a través de datos y testimonios reales. Por ejemplo, mostrar en cifras, a través de una infografía atractiva, la diferencia del impacto ambiental en cuanto al uso de agua en la compra de una prenda de ropa nueva versus una usada.

¿Qué evitar? El lavado de la imagen de la empresa, conocido como greenwashing, a través de supuestas prácticas sustentables que no funcionan en la realidad. Es decir, exagerar o fingir prácticas ambientales o sociales para atraer consumidores sin acciones concretas.  Por ejemplo, usar etiquetas que contengan la palabra “eco” cuando no lo son, o promocionar neutralidad de carbono pese a emisiones continuas. Lo anterior se combate con transparencia total y con el uso de certificaciones independientes.

El re-commerce no es solo una tendencia: es el futuro accesible de un comercio más verde, rentable y resiliente. Para pequeñas plataformas puede significar márgenes importantes en sus ventas, lealtad de la Generación Z (70% prefieren circular) y diferenciación ética frente a la competencia.

Paola Zerega Tallia

La pregunta entonces no es si se requiere invertir, sino cómo reducir el “costo del tiempo” que hoy enfrentan proyectos y empresas. El Index of Bureaucracy 2025 (Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University) estima que poner en marcha una empresa mediana en Chile requiere, en promedio, 5.227 horas, que es el equivalente a unas 653 jornadas laborales, donde Brasil sólo necesita 35. Respecto al tiempo para mantener la empresa funcionando dentro del marco legal, la situación tampoco mejora. Mientras Panamá registra alrededor de 246 horas anuales, Chile alcanza 5.800 horas, destinándose más de 66% del tiempo a inspecciones, auditorías, certificaciones, autorizaciones, renovaciones de licencias municipales y permisos sanitarios y ambientales. En un contexto de economía de inversión, estas demoras elevan el riesgo regulatorio, incentivan la postergación (opción de esperar) y erosionan la productividad. 

En respuesta el país cuenta con una base institucional reciente: la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley N°21.770) crea el Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales y una coordinación para hacer los permisos más trazables y previsibles. El Ministerio de Economía informó que, desde el 1 de enero de 2026, opera la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión y que la ley busca reducir entre 30% y 70% los tiempos de tramitación y hasta 50% en proyectos estratégicos.  

Sobre esa base, se han planteado propuestas adicionales del gobierno que asumirá durante este mes. Se atribuye al ministro de Hacienda designado, Jorge Quiroz, un plan que incluye destrabar US$ 12.000 millones en inversiones en 45 días, revisar 1.500 circulares, y reducir la tasa corporativa de 27% a 23%, entre otras medidas. En paralelo, la Confederación de la Producción y del Comercio propone avanzar en competitividad tributaria (tasa corporativa al menos 23% e invariabilidad) y aplicar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales con eliminación de permisos de bajo riesgo o su reemplazo por Técnicas Habilitantes Alternativas (avisos o declaraciones juradas), además de reforzar la predictibilidad regulatoria.  

Si se desatan los nudos, el resultado económico esperable es concreto: plazos más cortos y verificables, menor discrecionalidad, mayor inversión y creación de empleo formal. La condición crítica no es el diagnóstico que ya está medido, sino la implementación con métricas públicas, coordinación inter-servicios y control ex-post efectivo.  

Víctor Díaz López

En este contexto, se prorrogan hasta el día 28 de febrero de 2026 los plazos de declaración y pago de los impuestos mensuales de IVA, pagos provisionales mensuales (PPM) y pago de impuesto adicional para los contribuyentes que, a la fecha de los eventos, hubieren tenido su casa matriz en alguna de las comunas declaradas zonas afectadas por catástrofe y zonas de excepción constitucional. Además, se faculta al Servicio de Impuestos Internos (SII) para condonar, total o parcialmente, los intereses penales y multas aplicadas a las declaraciones de impuestos, presentadas fuera de plazo u otras gestiones por sus declaraciones de impuestos a la renta e impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.

Si bien la prórroga citada permite gestionar parte de las contingencias, cabe recordar que a contar del 1 de enero de 2026 las Boletas de Honorarios Electrónicas (BHE) tendrán un aumento en la retención, alcanzando un 15,25%. Hoy esa retención cubre cotizaciones previsionales y de salud, Seguro de Acompañamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley SANNA), Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, con lo cual, ya no daría pie a la devolución de impuestos a partir de mayo. No obstante, existen otras opciones de tributación personal, que también consideran el pago de cotizaciones previsionales y de salud, y donde cada caso debe ser analizado en particular.

Una alternativa sería formalizarse como una Sociedad por Acciones SpA o una Sociedad de Profesionales y tener un sueldo empresarial. Aplica para quienes trabajan activamente en la empresa siendo socios o accionistas y donde no es obligatorio realizar cotizaciones previsionales, pero, al realizarlas, pueden disminuir su carga tributaria y el sueldo se acepta como gasto siempre y cuando su asignación sea razonable al valor de mercado.

Así, existen algunas variables para considerar del sueldo empresarial. Primero, no opera la indemnización por años de servicio ya que el socio no es trabajador de la empresa, por consiguiente, tampoco aplica el seguro de cesantía. Segundo, en el caso de las asignaciones de movilización y alimentación, pueden imputarse a gasto siempre y cuando tributen con Impuesto Único de Segunda Categoría (IUSC). Por ejemplo, una formulación incorrecta de cálculo sería: sueldo por $1.700.000 y movilización por $ 200.000. Lo correcto es: sueldo empresarial $ 1.900.000, es decir, ambos conceptos son parte del estipendio mensual.

Considerando los cambios en materia tributaria aparejados a un nuevo Gobierno, sumado a que el próximo año la retención de BHE será de un 16% y el 2028 será de un 17% (cercano al IVA, otro caso de análisis), es propicio evaluar comparativamente las estructuras tributarias que más se adecuen a los flujos de caja y proyecciones.

Elías Karmach Sánchez

Y pese a que las consecuencias del desastre producido han sido devastadoras en términos económicos, sociales, ambientales y de salud pública, su frecuencia e intensidad se han incrementado en los últimos años. Dada esta dinámica, el tipo de desastres ha alcanzado una dimensión “socio-natural” que es necesario comprender para establecer estrategias de prevención y manejo.

Ante este escenario, es imperativo preguntarnos: ¿Por qué algunas personas realizan estas acciones en detrimento de la sociedad? La teoría del capital social entrega algunas reflexiones para comprender la naturaleza de este problema. Esta teoría postula que, al igual que el capital físico y humano, los lazos, normas y relaciones de confianza al interior de las comunidades facilitan la cooperación y mejoran la eficiencia y el desarrollo económico de un país.

En primer lugar, en comunidades con lazos débiles o conflicto frecuente, los individuos enfrentan dificultades para alcanzar acuerdos e implementar estrategias de prevención (monitoreo) y contención, lo que puede ser aprovechado por quienes buscan generar siniestros intencionalmente. En segundo lugar, en ausencia de capital social, los individuos presentan comportamientos egoístas o antisociales, que les impiden internalizar las consecuencias de sus acciones en el bienestar (o malestar) de los demás. En tercer lugar, en contextos de ausencia de capital y fragmentación social, los individuos podrían presentar motivaciones antagónicas, dando lugar a un comportamiento oportunista.

Esta teoría permite entender algunas de las raíces sociales de este tipo de desastres, pero ¿qué predice respecto a su solución? Altos niveles de capital social fomentan el surgimiento de normas sociales, que establecen los comportamientos esperados en una sociedad, determinando qué es y qué no es aceptado. En el contexto de los incendios forestales, esto incluye el conocimiento de los potenciales riesgos, la práctica coordinada de acciones de prevención y el establecimiento de sanciones sociales a quienes intenten realizar siniestros. Los vínculos sociales, a su vez, hacen que las comunidades sean cohesionadas y sus esfuerzos complementen las labores de las autoridades. Esto es fundamental no solo durante la catástrofe sino también en la reconstrucción. Un estudio recientemente publicado señala que las comunidades con altos niveles de capital social en las comunas afectadas por los incendios de Viña y Valparaíso en 2023 y 2024 avanzaron más rápidamente con relación a las que presentaban bajos niveles. La tarea ahora es aprender de este ejemplo para facilitar el proceso post catástrofe.

Marcela Jaime Torres

En el ámbito económico-tributario, las cooperativas cuentan con un régimen especial. Su rasgo distintivo es que no tributan sobre utilidades, sino sobre los excedentes, una vez cumplidas las obligaciones correspondientes. Además, las operaciones con socios, a diferencia de las realizadas con terceros, se encuentran exentas de impuestos. A ello se suman beneficios relevantes, como la exención total de timbres y estampillas y una exención parcial de contribuciones e impuestos fiscales en operaciones con socios, lo que vuelve crítica la trazabilidad contable. Asimismo, la ley exige destinar un 2% a la provisión para devolución de cuotas y un 18% a la reserva legal, de carácter acumulativo mientras exista la cooperativa.

En Chile, según el informe de la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía, a enero de 2025 las cooperativas vigentes y activas alcanzaron 2.104 organizaciones, ubicadas preferentemente en la zona centro del país, con un crecimiento interanual de 12,9%. El rubro con mayor presencia es servicios (35,7%), seguido por producción y trabajo (23,5%) y el sector agrícola (12,5%). En membresía, el cooperativismo reúne a 2.158.440 socios, con una distribución de 50,6% mujeres y 49,4% hombres. Este universo se concentra de manera significativa en el sector servicios, que agrupa 752 entidades y reúne el 95,3% del total de socios. En la Región de Ñuble, de acuerdo con el mismo informe, se registran 45 cooperativas, con más del 50% en servicios y un total de 79.932 socios.

En conjunto, estos antecedentes sostienen una idea central: la cooperativa no se reduce a una “figura legal”, sino que constituye una infraestructura social que habilita coordinación, construye escala y aporta estabilidad para atender necesidades productivas y de bienestar en el territorio.

Para Ñuble, el cooperativismo resulta especialmente pertinente. De acuerdo con el INE, la región presenta un 30,6% de población rural y según el Ministerio de Agricultura, concentra el 9,6% de la superficie nacional dedicada a cultivos. En una matriz agroalimentaria como la regional, coordinar oferta, estandarizar calidad y financiar inversiones es decisivo para la competitividad. En este contexto, cooperar no es una consigna: es una estrategia de escala, productividad y resiliencia.

Víctor Díaz López

Chile experimentó su mayor dinamismo entre 1990 y 1998, creciendo en promedio cerca de un 7 % anual. Esto se explica por factores como los identificados previamente: un sistema de concesiones para infraestructura, el fortalecimiento científico-tecnológico vía CONICYT, modernización institucional, estabilidad macroeconómica, una intensa estrategia de tratados de libre comercio, etc. Sin embargo, en las últimas décadas el crecimiento ha disminuido de manera persistente, situándose actualmente en cerca del 2%. Existe un diagnóstico compartido entre economistas: la productividad se ha estancado, debido a una matriz productiva altamente concentrada en actividades de bajo contenido tecnológico.

En este escenario, el litio se perfila como una oportunidad estratégica para diversificar y sofisticar la matriz productiva chilena. El país integra el denominado Triángulo del Litio, junto con Bolivia y Argentina, una región que concentra más de la mitad de las reservas mundiales de este recurso. En Chile, la explotación del Salar de Atacama (yacimiento de nivel mundial) ha estado históricamente en manos de SQM bajo contratos con el Estado, reflejando una orientación principalmente extractivista que limitó la creación de capacidades tecnológicas y de mayor valor agregado. Con el objetivo de revertir esta lógica, el país ha iniciado el desarrollo de una nueva Estrategia Nacional del Litio, orientada a fortalecer el control público, promover la innovación y avanzar hacia una inserción más compleja en la cadena global del mineral.

En coherencia con esto, Chile firmó en 2023 un acuerdo con la Unión Europea sobre materias primas críticas, que refuerza y legitima el giro hacia un modelo menos extractivo. Este marco de cooperación no solo reconoce el rol de Chile como proveedor relevante, sino que también abre oportunidades para atraer inversiones, impulsar la transferencia tecnológica y desarrollar procesos con mayor valor agregado, especialmente en fabricación de baterías y almacenamiento energético. En el plano interno, un segundo paso decisivo se dio con la creación en diciembre de 2025 de NovaAndino Litio, empresa mixta entre el Estado y SQM que marca un quiebre respecto del enfoque histórico. Ambas iniciativas materializan la transición hacia un modelo que prioriza capacidades tecnológicas, sostenibilidad y mayor control público, aspectos esenciales para enfrentar el estancamiento de la productividad y capturar de forma más integral el potencial económico del litio. Esta nueva etapa no está exenta de dificultades: Australia lidera la producción mundial de litio y China domina la refinación y la fabricación de baterías, configurando una cadena de valor competitiva en la que Chile busca insertarse con mayores capacidades tecnológicas.

Claudio Candia Campano