En 1981, Chile cambió su sistema de pensiones desde uno de reparto administrado por el estado, a uno completamente financiado con contribuciones individuales definidas y administrado por entes privados. Éste nuevo sistema garantizaba una pensión mínima a los trabajadores con al menos 20 años de cotizaciones. Esta idea de reforma, fue seguida por once países latinoamericanos, todos ellos con características diversas, pero con un objetivo común: Hacer el sistema de protección social viable.
En 1883, el canciller alemán Otto von Bismarck estableció las bases de la seguridad social: La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales. Esta consideración, tiene una visión de comunidad y se asienta sobre un modelo de solidaridad intergeneracional, contradice el modelo propiciado por el sistema de capitalización individual, en el que cada uno es responsable de su jubilación, en base a su capacidad de ahorro.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un sistema de pensiones debería resguardar el cumplimiento de los principios de: diálogo, cobertura universal, tratamiento igualitario, solidaridad, equidad de género, eficiencia en costos, participación social en la administración, supervisión estatal y sostenibilidad financiera, entre otros. Si el lector lo desea puede acceder al documento “Pensions reforms in Chile 1981-2015” de Mesa-Lago y encontrará mayor información.
Hoy, después de 35 años de la reforma, observamos los siguientes resultados en nuestro actual sistema: altos costos de administración, altas ganancias para las AFP, baja cobertura de la población económicamente activa y baja tasa de reemplazo (quiere decir que el sueldo al jubilar es aproximadamente un 40% del promedio salarial cotizado para los hombres y 30% para las mujeres), lo anterior ha llevado a que todos los países que adoptaron el modelo chileno, a poco andar lo abandonaron o modificaron.
Ni el sistema de reparto, ni el de capitalización individual son viables al entregar pensiones que cubran las necesidades básicas de sus pensionados. El primero, porque debido al aumento de la base de personas en edad de pensionar en relación a la fuerza laboral activa, no se sustenta económicamente y dejaría al Estado con un enorme déficit fiscal (lo que sucede actualmente en Europa). El segundo, porque el nivel de cotizaciones actual de 10% no alcanza para solventar los altos costos de administración y las pensiones esperadas, sumando a eso el aumento en la esperanza de vida, las lagunas previsionales y el bajo nivel promedio salarial.
Siendo así, la recomendación es que propendamos a un sistema mixto, con un aporte solidario que garantice un nivel de pensiones y un aporte individual que complemente dicha pensión. Sumando a esto, la necesidad de aumentar la competencia en el mercado de administradoras de fondos de pensiones (actualmente 3 concentran aproximadamente el 80% de los cotizantes), y se regule que los costos de administración obedezcan a una administración activa de los fondos, que redunde en resultados positivos, tanto para las administradoras, como para los pensionados.
